La violencia contra las mujeres en Paraguay está alcanzando niveles de normalización preocupantes, según advierte Águeda Pereira Benítez, presidenta de la Red de Mujeres de Misiones. La abogada y referente social alertó desde Santa Rosa que los hechos violentos se están convirtiendo en algo cotidiano en la sociedad paraguaya, evidenciando un fracaso sistémico en la prevención del flagelo.
Las cifras de feminicidios registradas durante 2025 confirman la gravedad de la situación, con aproximadamente 28 casos documentados en lo que va del año. Esta escalada ha encendido las alertas en diversos sectores sociales, quienes observan que las estadísticas no solo no disminuyen sino que continúan en ascenso a pesar de la existencia de leyes y protocolos específicos.
Pereira, quien también integra la consultora de género Alter Vida Manos Unidas, señaló que diversos estudios evidencian cómo la pandemia del COVID-19 exacerbó la violencia de género. La situación no experimentó mejoras en el período post pandémico, agravándose por factores adicionales como la pérdida de valores tradicionales y el deterioro generalizado de la salud mental.
Leé más: Fiscalía registra 25 feminicidios en lo que va del año
Los feminicidios prosperan en sociedades donde la violencia hacia las mujeres es tolerada y naturalizada como parte de las dinámicas sociales cotidianas. La referente explicó que en este contexto la sociedad actúa como incubadora de la violencia, mientras el Estado reproduce un orden patriarcal que falla en su rol de garante de la protección ciudadana.
Las instituciones encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género parecen perder eficacia a pesar de las inversiones realizadas en capacitaciones y programas de sensibilización. Muchas víctimas no encuentran el apoyo, la confianza ni la protección necesarios en las dependencias estatales creadas específicamente para atender estos casos, evidenciando deficiencias estructurales en el sistema.
La activista subrayó la urgencia de una transformación profunda que incluya la capacitación de funcionarios públicos en perspectiva de género para aplicar efectivamente los protocolos de acceso a la justicia. Esta medida permitiría que las mujeres víctimas encuentren refugio seguro en las instituciones estatales, paso fundamental para romper el ciclo perpetuo de violencia.
Unite a nuestro canal de Whatsapp
La erradicación del flagelo requiere más que la existencia de marcos legales, según explica Pereira. Es fundamental desmantelar la violencia construyendo nuevos derechos humanos para las mujeres y generando condiciones reales de igualdad, lo que incluye garantizar una justicia pronta y accesible para todas las víctimas sin distinción de clase social o ubicación geográfica.
La responsabilidad de combatir la violencia de género no recae exclusivamente en el Estado, sino que requiere un compromiso firme de toda la sociedad. Cada persona y grupo humano tiene un rol específico que desempeñar para desmantelar la violencia en todas sus manifestaciones, desde la prevención primaria hasta la intervención en crisis y el acompañamiento posterior a las víctimas.
Fuente: ABC Color
