La Cámara de Apelación Multifueros de Boquerón ratificó la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión impuesta al exintendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Ramón Alcaraz Pereira, por el delito de lesión de confianza. El fallo confirmó su responsabilidad en el desvío de G. 1.054.108.443 provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) durante el ejercicio 2013.
La decisión fue adoptada por los camaristas Sirley Patricia Romero Villalba, Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz y César Denis Macoritto González, quienes resolvieron rechazar el recurso de apelación especial presentado por la defensa. Los abogados de Alcaraz habían solicitado la nulidad de la condena, alegando supuestas violaciones de garantías procesales.
El tribunal de alzada determinó que la sentencia dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, se ajustó a derecho. En el juicio oral se comprobó que los recursos desviados debían destinarse a proyectos educativos en comunidades indígenas del distrito.
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El fallo de primera instancia, emitido el 5 de marzo de 2025, estableció que la Municipalidad de Mariscal Estigarribia recibió en 2013 más de G. 3.900 millones provenientes de Fonacide, royalties y transferencias varias. Sin embargo, el entonces jefe comunal no justificó más de G. 1.050 millones, recursos que no fueron utilizados en obras ni programas previstos.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Luis Piñánez, había solicitado una pena de seis años y medio de prisión. El tribunal concluyó que los fondos fueron utilizados para fines ajenos a la administración municipal y que el perjuicio recayó principalmente sobre las comunidades indígenas del Chaco, consideradas entre las más vulnerables del país.
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Durante la audiencia, la jueza Elsa García enfatizó que el dinero debía emplearse en el mejoramiento de la infraestructura educativa y en programas sociales. Agregó que la conducta del exintendente privó de estos beneficios a sectores que dependen de la inversión pública para garantizar su derecho a la educación.
El tribunal también constató que Alcaraz presentó ante la Contraloría General de la República una rendición de cuentas con documentación incompleta. De un total declarado de G. 1.248 millones, solo G. 194 millones contaban con respaldo comprobable. Con la resolución firme, la condena queda confirmada y el exintendente deberá cumplir la pena impuesta por la justicia.
Fuente: ABC Color
