La jueza Lici Sánchez emitió una segunda orden de captura contra Roberto Cárdenas Ramírez, exintendente de Lambaré, quien enfrenta un proceso judicial por cohecho pasivo, cohecho agravado y otros delitos vinculados a presuntos pedidos de sobornos a importadores frutihortícolas.
El Ministerio Público acusa a Cárdenas y a varios implicados, entre ellos Pastor Soria, ex titular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), de integrar un esquema de extorsión para obtener pagos indebidos a cambio de la entrega de acreditaciones fitosanitarias necesarias para la importación de frutas y hortalizas.
La magistrada explicó que decidió declarar la rebeldía del exintendente y ordenar su captura debido a que el proceso lleva más de cinco meses sin avances por “distintas dilaciones”. Según indicó, las circunstancias judiciales impiden que Cárdenas comparezca sin comprometer el desarrollo del expediente.
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La nueva orden se suma a otra ya vigente, emitida en el marco de una causa por lesión de confianza, en la que Cárdenas fue condenado a ocho años de prisión por el desvío de más de 800 millones de guaraníes de la Municipalidad de Lambaré. Pese al fallo judicial, el político colorado aún no se presentó a cumplir la condena.
️#ElObservadorAlAire | Dra. Lici Sánchez. Jueza Especializada
Orden de captura sobre Roberto Cárdenas: "Es una causa por cohecho pasivo, según antecedentes, la audiencia de imposición de medidas se viene postergando hace más de cinco meses, pero la situación detonante para… pic.twitter.com/ZUgGK5al0L
— El Observador (@observapy) October 23, 2025
De acuerdo con la Fiscalía, los importadores debían pagar montos que oscilaban entre cinco millones y ochenta millones de guaraníes para acceder al certificado fitosanitario de importación, un documento cuyo costo legal no supera los 17.000 guaraníes.
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El daño patrimonial generado por Cárdenas durante su gestión, entre 2012 y 2013, provino del uso irregular de fondos del Fonacide, destinados a obras en instituciones educativas. La jueza Lici Sánchez subrayó que corresponde ahora al Ministerio Público y a la Policía Nacional proceder con su localización y detención.
Con esta nueva orden, el exintendente suma dos procesos judiciales abiertos y se mantiene prófugo de la justicia paraguaya, mientras avanzan las investigaciones por corrupción y cohecho en su contra.
Fuente: ABC Color
