La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe final sobre el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), donde documenta múltiples irregularidades en materia ambiental, de seguridad y de gestión administrativa. Los hallazgos se suman a las denuncias públicas por presunto uso indebido de fondos y licitaciones direccionadas durante la administración de Lira Giménez.
El estudio revela que el INTN no presentó el relatorio de evaluación de impacto ambiental, requisito indispensable para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Esta omisión impide comprobar si el proceso contó con la verificación técnica exigida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), afectando la transparencia y trazabilidad institucional.
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La CGR también detectó que la entidad no dispone de un plan de control de vectores y alimañas, generando riesgo sanitario para los funcionarios y visitantes. Además, constató deficiencias críticas en los sistemas de prevención de incendios, incluyendo la falta del informe técnico actualizado del Cuerpo de Bomberos, lo que compromete el funcionamiento de alarmas, hidrantes y salidas de emergencia.
El informe señala que el INTN omitió registrar los análisis de bifenilos policlorados (PCB) en el sistema del Mades, incumpliendo normas sobre manejo de residuos peligrosos. Estos compuestos tóxicos requieren monitoreo estricto y trazabilidad en su disposición final.
Las auditorías regionales arrojaron un panorama similar. En Itapúa, el INTN operó 177 días sin Declaración de Impacto Ambiental y sin un consultor responsable de su Plan de Gestión Ambiental. En Alto Paraná, los auditores detectaron la quema de residuos forestales dentro del predio, práctica que generó contaminación atmosférica y pasivos ambientales. La sede central de Asunción también trabajó sin DIA durante 33 días.
El documento concluye que las falencias detectadas representan riesgos para la gestión ambiental, la seguridad institucional y la salud laboral, por lo que recomienda la adopción de medidas correctivas urgentes y el cumplimiento estricto de las leyes ambientales y de prevención de riesgos.
A las observaciones de la Contraloría se suman los cuestionamientos por supuestas licitaciones amañadas. Una de ellas corresponde a la compra de precintos, adjudicada a la empresa Compañía de Seguridad Integral (Comsi), registrada como proveedora del Estado apenas 72 horas antes de la apertura de ofertas. El contrato fue por G. 1.699 millones, la propuesta más cara entre las presentadas.
El proceso también involucra vínculos políticos. La empresa Regimiento 8, vinculada a Fernando Ayala, dirigente colorado y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, habría operado como proveedora indirecta. Ayala, con un salario de G. 108 millones mensuales, es considerado uno de los principales respaldos políticos de Lira Giménez.
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Giménez enfrenta además acusaciones por despilfarro de fondos públicos, tráfico de influencias y una reestructuración administrativa que habría beneficiado a un grupo cercano de funcionarios provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS). Documentos remitidos a la Contraloría registran gastos de G. 355 millones en viáticos y G. 383 millones en diferencias salariales asignadas a personal de confianza.
La directora del INTN fue destituida en 2021, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tras una denuncia por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. Sin embargo, regresó al cargo en 2023 con el respaldo político de Fernando Ayala, tras la asunción de Santiago Peña a la Presidencia de la República.
Fuente: LPO
