El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ordenó de forma preventiva el cese de las perforaciones de agua subterránea vinculadas a un megaproyecto inmobiliario en el departamento de Cordillera. La medida se adoptó tras varias protestas de vecinos de Atyrá, quienes alertaron sobre el posible impacto de las obras sobre el acuífero que abastece a la comunidad.
La resolución 1097/2025, emitida por el MADES, señala que el sumario administrativo y las verificaciones de campo confirmaron que las perforaciones realizadas por las empresas Petrohue Real Estate S.A. y Highland Laggon no cuentan con una declaración de impacto ambiental. Este requisito es exigido para proyectos que implican intervención sobre recursos naturales, como la extracción de agua de acuíferos.
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Según el informe, la intervención ministerial se inició luego de múltiples reclamos de pobladores que denunciaron el riesgo para el acuífero que provee agua potable al departamento. Los vecinos advirtieron que la instalación de pozos profundos podría agravar la escasez de agua que ya se siente en varias zonas de Cordillera, especialmente en épocas de sequía.
En el marco de la investigación, los equipos técnicos del MADES concluyeron que la envergadura del proyecto inmobiliario y el volumen de perforaciones previstas representan un peligro para el ecosistema local. Por lo tanto, recomendaron suspender las actividades hasta esclarecer el impacto real sobre las formaciones hidrogeológicas y la disponibilidad del recurso hídrico para la población.
Con base en estas conclusiones, el MADES dispuso el cese preventivo de toda extracción de agua subterránea relacionada con el proyecto. La medida alcanza a los pozos abiertos en acuíferos y otras estructuras hidrogeológicas, mientras dure el proceso administrativo y se definan los pasos siguientes. Para los vecinos, se trata de un avance en la protección del agua de consumo humano.
Sin embargo, la tranquilidad no es total. Paralelamente, el Tribunal de Cuentas remitió un oficio a la Policía Nacional para que supervise el cumplimiento de una sentencia que ordena la conexión de los pozos. Esta decisión judicial responde a un pedido de la empresa, pese a las observaciones ambientales y la ausencia de licencia, según explicó el abogado de los pobladores, Víctor Samaniego.
Ante esta aparente contradicción entre la decisión del MADES y la resolución del Tribunal de Cuentas, los vecinos anunciaron nuevas movilizaciones. Mañana viernes 5 de diciembre, a las 8:00, los pobladores afectados por la falta de agua potable en Cordillera se manifestarán frente al Palacio de Justicia y ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
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El objetivo de la protesta es exigir la revisión de las medidas cautelares dictadas por los Tribunales de Cuentas, Primera y Segunda Sala. Los manifestantes cuestionan que estas resoluciones hayan favorecido a una empresa que, de acuerdo con la última resolución del MADES, habría perforado pozos sin contar con licencia ambiental vigente.
Para los ciudadanos organizados, el caso de Atyrá se convirtió en un símbolo de la disputa entre el derecho de acceso al agua y las decisiones que habilitan proyectos inmobiliarios sin estudios ambientales concluidos. La expectativa vecinal se centra ahora en que la Justicia considere los informes del MADES y las advertencias sobre el impacto al acuífero que abastece a toda la zona.
Fuente: ABC Color







