El embajador de Paraguay en Estados Unidos, Gustavo Leite, responsabilizó al Poder Judicial por el deterioro de la seguridad jurídica que, según afirmó, desalienta a los inversores interesados en establecer proyectos en el país. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al periodista Juan “Clari” Arias, donde expuso la dificultad de presentar a Paraguay como un destino confiable mientras persistan casos sin resolución en materia de corrupción.
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Leite comentó que la consulta más recurrente de los empresarios estadounidenses es sobre la situación institucional del país. Explicó que evita hablar negativamente del Paraguay, pero señaló que “nuestro marco institucional debe funcionar”. Además, planteó una crítica directa sobre la falta de resultados judiciales en torno a denuncias de corrupción. Indicó que si la mayoría de los casos reflejan hechos reales, entonces debería haber imputados o detenidos, algo que no ocurre con la frecuencia necesaria para transmitir confianza al mercado.
▶️ CONTUNDENTES DECLARACIONES | ️
Gustavo Leite, embajador paraguayo en EE. UU., aseguró que muchas empresas van a querer invertir en Paraguay si se soluciona la corrupción que hay en el país.
«Otro tema es la justicia… Eso afecta porque a mí me preguntan cómo es este… pic.twitter.com/O7kSO3b8Po
— DELPY (@delpynews) December 4, 2025
El embajador insistió en que Paraguay se prepara para recibir inversiones de gran envergadura. Sin embargo, advirtió que el sistema judicial sigue siendo un obstáculo. Explicó que esta situación afecta su labor diplomática, ya que los potenciales inversores buscan garantías concretas antes de formalizar compromisos. Además, manifestó que la persistencia de la impunidad complica su esfuerzo por presentar al país como un destino empresarial competitivo.
Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata del presidente Santiago Peña desde Caacupé. El mandatario reconoció la existencia de corrupción en Paraguay y afirmó que su administración impulsa acciones para enfrentarla. Citó como referencia el plan nacional de lucha contra la corrupción y recordó avances institucionales como la Ley de Transparencia, implementada durante el gobierno de Horacio Cartes.
Peña sostuvo que la corrupción no es un problema que pueda eliminarse por completo debido a la condición humana. Afirmó que la estrategia gubernamental se basa en mejorar la integridad pública. Mencionó también la Ley de Integridad y la creación del Registro Único Nacional como pilares para modernizar los controles. “Nosotros no escondemos el problema, lo enfrentamos”, afirmó, en un intento de reforzar el mensaje de compromiso institucional.
Sin embargo, la discusión sobre seguridad jurídica ya se trasladó al ámbito empresarial debido a episodios recientes. El mes pasado, la empresa Preforte Py SA denunció que el Mades canceló su licencia ambiental de manera repentina. La medida generó reclamos por supuesta parcialidad y motivó la reacción de gremios industriales que identificaron señales de discrecionalidad administrativa.
Poco después, Agro Santa Isabel, con más de tres décadas de presencia en Paraguay, anunció el inicio de su retirada del país tras denunciar “arbitrariedades judiciales”. La decisión despertó preocupación y descontento en la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que alertó sobre el impacto negativo de estos hechos en el clima de negocios, especialmente en algunas jurisdicciones locales.
La UIP advirtió que los inversionistas detectan que las normas son interpretadas de manera irregular sin consecuencias para los infractores. Además, señalaron que la ausencia de sanciones o compensaciones limita la capacidad del país para atraer capital extranjero. Explicaron que este patrón se observa con mayor claridad en etapas tempranas de análisis de mercado, lo que debilita la competitividad nacional.
En ese sentido, la posición de la UIP coincide con la planteada por Leite. Ambos sostienen que el fortalecimiento del sistema judicial es clave para impulsar la llegada de nuevas inversiones y consolidar proyectos de largo plazo. La discusión vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de asegurar un marco jurídico estable y previsible para evitar que más empresas reconsideren su permanencia en Paraguay.
Fuente: La Política Online
