El debate sobre el Estatuto Agrario avanzó en la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado. La mesa analizó proyectos que modifican el Estatuto Agrario y la Ley de Creación del Indert. Organizaciones campesinas y sociales alertaron que las iniciativas no enfrentan la concentración de tierras ni garantizan una reforma agraria real.
La reunión se realizó el lunes y estuvo encabezada por la senadora Yolanda Paredes, presidenta de la comisión. También participó el senador Walter Kobylanski. Asistieron representantes del Indert, Registros Públicos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, asociaciones campesinas y sectores vinculados a la problemática agraria.
Paredes explicó que el objetivo fue profundizar el análisis de los cambios propuestos. Los proyectos plantean modificaciones en varios artículos del Estatuto Agrario y en la Ley N.º 2.419, que creó el Indert. El debate importa porque puede incidir en el acceso a tierras productivas y en el alcance de la reforma agraria.
Para el análisis sobre el proyecto de ley de modificación del estatuto agrario y la ley de creación del Indert, se llevó a cabo una mesa técnica, convocada por la
presidenta de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural, senadora de la
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Estatuto Agrario y nueva realidad del Chaco
Uno de los puntos tratados fue la definición de las dimensiones de tierras en la Región Occidental. Paredes afirmó que el Chaco atraviesa una nueva realidad socioeconómica. Por eso, sostuvo que “ya no es el Chaco de antes”. La legisladora planteó actualizar criterios sobre hectáreas destinadas a producción agrícola y ganadera.
Además, Paredes expresó preocupación por el precio de las tierras en el Chaco. Señaló que ese aspecto requiere una discusión profunda con todos los actores involucrados. Sin embargo, dirigentes campesinos, analistas agrarios y referentes sociales cuestionaron el enfoque de las iniciativas. Según estos sectores, los textos no abordan la exclusión histórica de familias campesinas.
Campesinos advierten concentración de tierras
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posible venta de tierras administradas por el Indert a personas que no son sujetas de la reforma agraria. Referentes sociales advirtieron que esa medida podría desvirtuar el sentido del patrimonio agrario estatal. Ese patrimonio fue creado para facilitar el acceso a tierras a sectores campesinos.
Las organizaciones también cuestionaron que los proyectos prioricen cambios administrativos y de titulación. Reclamaron medidas para democratizar el acceso a la tierra, recuperar tierras públicas adjudicadas de forma irregular y fortalecer una política efectiva de reforma agraria. Además, pidieron propuestas concretas sobre tierras malhabidas y procesos históricos de apropiación irregular.
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Los sectores campesinos alertaron que una reforma sin políticas redistributivas podría aumentar la desigualdad rural. También expresaron preocupación por posibles beneficios a modelos agroganaderos extensivos, en perjuicio de la agricultura familiar campesina. Finalmente, insistieron en abrir un debate amplio con comunidades campesinas, pueblos indígenas, academia y organizaciones sociales.
Fuente: ÚH
