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“Es necesaria la aplicación de un mayor impuesto al tabaco”

La senadora por el Frente Guasu, Esperanza Martínez, manifestó que es indispensable incrementar el impuesto al tabaco. “Se necesitan recursos para sostener los programas de salud”, sostuvo.

Senadora Esperanza Martínez. Foto: ÚH.

Martínez señaló que  el negocio de los cigarrillos deberá reconvertirse tarde o temprano a otro rubro.

«Necesitamos la aplicación del impuesto, que al menos pueda acercarse a la tasa de la región. Aquí hay un problema de salud clave, y el déficit fiscal también. Necesitamos este tipo de legislación, necesitamos la mayor tributación para garantizar los servicios de salud», expresó.

Aseguró además que el tratamiento del proyecto de ley del impuesto al tabaco será incluido en el orden del día de la semana próxima.

«Nosotros estamos por la salud no por el negocio del tabaco. Es un negocio que tarde o temprano debe ser reconvertido. Ellos mismos (empresarios) saben esto», sentenció durante la plenaria.

La legisladora participó de una reunión que mantuvo la Comisión de Hacienda del Senado con empresarios del sector tabacalero, entre ellos José Ortiz, quien es gerente de Tabesa.

Comercio ilegal  

Nuestro país se convirtió en la principal fuente de comercio ilegal de cigarrillos, produciendo alrededor de 68.000 millones al año, de los cuales solo el 3% se comercializa en territorio local, según indica el informe emitido por la organización estadounidense, Fundación por la Defensa de la Democracia (Foundation for Defense of Democracies).

El estudio señala que el dinero recaudado a través de esta actividad ilícita supera los USD 50.000 millones al año.

En tanto que Paraguay es un punto estratégico para el comercio negro a nivel internacional por su ubicación dentro de la Triple Frontera, donde no solo el cigarrillo circula sin documentación alguna para llegar hasta Argentina o Brasil.

Proyecto de ley

La Comisión del Senado analiza el dictamen para tres proyectos de ley relacionados a gravámenes para el tabaco.

Uno de ellos pide aumentar 30% la tasa; el segundo pide una tasa de G.1.500 por cada cajetilla y el tercero, de trazabilidad, busca controlar el destino de los cigarrillos producidos en el país.