El presidente, José Caballero, un miembro del consejo directivo, Ángel Ramón Chamorro, así como un exgerente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, Rodrigo Amarilla, debían de comparecer, este jueves, ante el juez Alcides Corbeta para la imposición de medidas. No obstante, el juez se inhibió del caso y la audiencia, por tanto, quedó suspendida.
La diligencia quedó suspendida para los imputados por lesión de confianza en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, ellos son: César Rodrigo Amarilla, exgerente, José Antonio Caballero Bobadilla, presidente, y Ángel Ramón Chamorro, miembro del consejo directivo.
Los mismos debían comparecer ante el juez de Garantías Alcides Corbeta, sin embargo, el magistrado se inhibió del caso y pasó para el Juez Penal de Garantías N° 4, Rubén Darío Riquelme Ramírez, quien ordenó la suspensión hasta nuevo aviso.
Por ende, también quedó suspendida la audiencia programada para este viernes donde debía presentarse los imputados Miguel Ramón Oro y Xavier Hamuy Campos Cervera.
Corbeta se inhibió del caso por la presentación del abogado Víctor Dante Gulino, representante de Xavier Hamuy Campos Cervera, el motivo está expresado en el artículo 50 inciso 11 del Código Procesal Penal “tener amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato” con el mismo.
Incidentes
Hay antecedentes anteriores que citan el caso de Corbeta y Gulino, es decir que los procesados ya sabían que el magistrado, considerado como uno de los más duros, se apartaría al presentarse su “amigo”.
Además, se pidió la nulidad del acta de imputación, otro de los mecanismos para trabar el proceso.
Este mismo recurso es utilizado por Oscar González Daher para retrasar su proceso, por tráfico de influencias.
Justamente debido a ese tipo de maniobras, los imputados por tráfico de influencias siguen sin comparecer a declarar ni a su audiencia de imposición de medidas.
Temor
Jubilados manifestaron a este medio su temor ya que los directivos no se apartan de sus cargos y podrían obstaculizar las investigaciones.
Si la cúpula directiva sigue en el cargo, podría obstaculizar la investigación, que encara la Fiscalía. Es como poner a un ratón para “cuidar el queso”, manifestaron.
Según la ley de la Función Pública, los funcionarios públicos que estén imputados deben apartarse del cargo señalaron. Sin embargo el propio presidente de la Caja Bancaria, José Caballero, dijo a la 1020 AM días atrás, que él se ampara en un artículo de la misma normativa.
Caballero sostiene que fue electo mediante “votación popular”, por lo que puede mantenerse en el cargo.
Jubilados bancarios proporcionaron a este medio dictamenes de años anteriores en los cuales la Procuraduría General de la República, así como la Contraloría, señalan que los funcionarios de la Caja Bancaria son funcionarios públicos.
Además, manifestaron que si bien los responsables fueron electos a través de una votación, no puede considerarse “popular”, como dice la ley, ya que los comicios se efectúan en un círculo cerrado.
Otro punto señalado consiste en que deben asumir otras autoridades, ya que según los denunciantes, quienes ostentan los más altos cargos están inhabilitados para el efecto.
Los hechos denunciados
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
