Un informe de la organización Freedom House, refiriéndose a Paraguay, expresa que los lavadores de dinero, los narcotraficantes y los políticos corruptos han cooptado a las autoridades judiciales locales y que las garantías constitucionales del debido proceso no se cumplen en nuestro país. Y tiene sentido cuando vemos que llevan a juicio oral y público a ciudadanos comunes y corrientes por haberse manifestado contra hechos de currupción y dejan en libertad a quienes tuvieron la osadía de jugar con la Salud de todo un país en plena pandemia.