El pasado martes, 13 de febrero, el Juez Penal de Garantías Nº 4 Dr. Rubén Darío Riquelme por Auto de Interlocutorio Nº 89 resolvió «no hacer lugar» al incidente de nulidad de la imputación que había solicitado el Sr. José Antonio Caballero Bobadilla.
Días atrás, el presidente de la Caja Bancaria, por medio de su representante legal, Álvaro Arias, promovió un incidente de nulidad absoluta del acta de imputación, presentado por la agente fiscal Victoria Acuña, argumentado que dicha imputación no contaba con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para que pueda ser subsumida dentro del hecho punible de lesión de confianza.
Esta situación, según el abogado, obstaculizaba la realización ordenada de la defensa del acusado. No obstante, el Juez Penal, Dr. Rubén Darío Riquelme no dio lugar al pedido, ya que sí reúne los requisitos establecidos en el artículo N° 302 del Código Procesal Penal, por el proceso por lesión de confianza del directivo deberá continuar.
Los jubilados han manifestado su temor debido a que el funcionario podría obstaculizar las investigaciones, ya que no se aparta de su cargo.
Los hechos denunciados
El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.
Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.
El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.
La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.
Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.
