Jubilados se manifiestan y exigen salida de autoridades de la Caja Bancaria

En la mañana de este viernes jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines se manifestaron ante la sede de la institución, exigen la salida del presidente y de sus asesores quienes se encuentran imputados por lesión de confianza.

Florentín mencionó a RDN que desde el jueves han sido aceptados como parte de la querella adhesiva en el caso que investiga a los directivos del ente.

Consideran que los imputados deben apartarse de sus cargos y solicitan que un interventor tome cartas en el asunto, ya que no confían en las autoridades que aún continúan ocupando sus puestos.

Florentín señaló que son 2.800 los jubilados y pensionados que temen por su futuro, y son 13.000 los activos.

Anunció que seguirán con las medidas de protesta, hasta tanto se escuchen sus reclamos.

Imputados por lesión de confianza

Quienes ahora están requeridos por la justicia son: José Antonio Caballero Bobadilla, presidente; Miguel Ramón Oro Domínguez, miembro titular del consejo de administración y representante de los afiliados activos; Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, miembro titular del consejo de administración y representante de las entidades patronales; Ángel Ramón Chamorro Ortiz, también miembro titular del consejo de administración y representante de los jubilados y pensionados; además de César Rodrigo Amarilla, exgerente general de la caja.

Los hechos denunciados

El informe de auditoría que fue elaborado a través de una pesquisa interna dio cuenta de varias irregularidades que fueron denunciadas ante la Fiscalía el pasado mes de noviembre.

Se cita que en “81 operaciones realizadas por la empresa Karaku S.R.L. con algunos jubilados por un monto de Gs. 14.000.000.000 (Guaraníes catorce mil millones), a quienes libraban cheques para cancelar sus deudas con la Caja y se les otorgaba nuevos préstamos con tasas muy bajas, en un tiempo record ‘rompiendo toda regla de control interno implementado en la Caja’”.

El informe refiere que lo indicado resultó en “la cancelación de créditos a través de la firma Karaku S.R.L., por G. 14.000 millones (USD 2,5 millones), le redituó a esta firma G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones) en concepto de comisión”.

La conclusión de lo mencionado señala: “Los casos analizados permiten concluir sobre indicios de vinculación a favor de una determinada empresa, que financia a beneficiarios la cancelación de créditos obtenidos a tasas mayores, por un porcentaje, interés o comisión, en detrimento de la rentabilidad de la caja, atendiendo la cancelación de préstamos con tasas superiores a tasas promocionales…”.

Además de esto, los jubilados denuncian otra serie de manejos irregulares, entre ellos contratos que no se estarían cumpliendo.