Avanza iniciativa popular para reforma constitucional y “democracia semi-directa”

El grupo ciudadano conocido como “Escuela Cívica Militante” ha lanzado una iniciativa popular para reformar numerosos artículos de la Constitución Nacional.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran la introducción de una “democracia semi-directa”, la implementación del balotaje y la limitación de la propiedad de tierras para extranjeros.

Los impulsores de esta iniciativa, Abundio Alejandro Gaona Britez, Elizabeth Yegros, Jorge Acosta, Juan Alberto Iriarte y Rodrigo Salomón Paredes Araujo, han oficializado su pedido ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Ahora, para que el Congreso esté obligado a estudiarlo, necesitan reunir 48.321 firmas digitales. Para ello, han habilitado una plataforma en línea: iniciativapopular.tsje.gov.py.

Las propuestas presentadas buscan la adopción y reglamentación de la Constitución en términos de una democracia participativa. Según los impulsores, con la unidad del pueblo, se logrará aprobando la adopción de referendos vinculantes para que el pueblo gobierne, controle, destituya y decida su gobierno mediante sufragios nacionales, incluso con la participación de los paraguayos residentes en el extranjero.

Además, proponen que las leyes del Congreso se aprueben o rechacen mediante voto nacional y que la posesión de tierras por extranjeros esté limitada, dando prioridad a la población campesina.

El proyectista y exviceministro de Educación Básica Robert Cano, habló sobre la implementación del proyector de ley que pretende modernizar los procedimientos por iniciativa popular.

«La democracia participativa es letra muerta en Paraguay» pic.twitter.com/TMh1j3a00L

— Diario El Poder (@elpoderpy) September 6, 2022

También, establecen que el presidente y vicepresidente deberán ser electos con más del 50% de los votos emitidos, de lo contrario, se realizará una segunda vuelta electoral.

Por último, proponen que las autoridades deben cumplir con las peticiones conforme a las leyes en un plazo máximo de 90 días. De no ser así, serán sometidos a juicios políticos ante el tribunal constitucional.

Fuente: ABC Color