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Conflicto de intereses en licitaciones de obras públicas en Lambaré

Wilfrido González Orzusa, director de Planificación de Lambaré y síndico de empresa del intendente, participa en evaluación de licitaciones, generando dudas sobre transparencia.

Municipalidad de Lambaré. Foto: Radio 1000 AM.

En la Municipalidad de Lambaré, Wilfrido Simón González Orzusa, director de Planificación, se encuentra en el centro de una controversia debido a su doble rol como funcionario público y síndico de Grupo Imola SA, empresa administrada por el intendente Guido González. La polémica surge debido a la participación de González Orzusa en el comité evaluador de licitaciones de obras públicas de la Comuna, lo que genera dudas sobre posibles conflictos de intereses.

La licitación en cuestión, con ID 432979, denominada “Construcción de regularización asfáltica, cunetas, badenes y remoción con reposición de empedrado” por un monto de G. 3.788.737.466, ha sido objeto de escrutinio debido a la presencia de González Orzusa en el comité evaluador de ofertas. Esta situación ha generado preocupación, ya que un empleado de la empresa privada del intendente está tomando decisiones sobre las licitaciones de obras públicas de la Comuna.

Ante las consultas realizadas, el intendente Guido González afirmó que no existe ningún impedimento legal para que González Orzusa forme parte de su empresa y, al mismo tiempo, sea funcionario de la Municipalidad que administra. Según el jefe comunal, Grupo Imola SA no es proveedor del Estado paraguayo ni de la Municipalidad de Lambaré, y se dedica a la venta de productos que no se comercializan al Estado.

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Sin embargo, existen otros aspectos que generan dudas sobre la transparencia del proceso licitatorio. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en su Resolución 540/24, ordenó la anulación de la adjudicación del lote uno del llamado y retrotraer lo actuado a la etapa de evaluación de ofertas. Esta decisión se tomó a raíz de una protesta promovida por uno de los oferentes, Tecnoedil SA, que denunció al comité evaluador por no presentar todas las documentaciones necesarias para descalificar a la firma adjudicada, TP-1.

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Además de la controversia en torno a las licitaciones, la administración de González ha sido cuestionada por la muerte de dos militares a causa de raudales ocurridas en noviembre de 2023. Este caso no ha registrado avances significativos en la Fiscalía, lo que ha generado preocupación en la comunidad.

Fuente: Última Hora

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