Gobierno impulsa reforma de la Ley de Función Pública con cambios controversiales

El gobierno de Santiago Peña ha presentado un proyecto de reforma de la Ley de la Función Pública y del Servicio Civil que ha generado una considerable controversia, especialmente entre los sindicatos docentes, considerados la principal fuerza electoral del Estado. Esta propuesta busca modificar significativamente las condiciones laborales y sindicales de los funcionarios públicos.

Entre los puntos más polémicos del proyecto se encuentra la extensión del período para obtener la estabilidad laboral de dos a cuatro años, con la posibilidad de eliminarla mediante evaluaciones periódicas. Además, se propone prohibir la reelección indefinida de dirigentes sindicales y limitar el derecho a huelga para sectores considerados “imprescindibles”, como médicos y maestros.

Actualmente, el sector público cuenta con aproximadamente 320.000 funcionarios, siendo el Ministerio de Educación el que concentra la mayor cantidad con 96.000 empleados. Esta reforma afectaría directamente a este importante sector, así como a otros servicios públicos esenciales.

El proyecto también aborda el tema del nepotismo, aunque de manera limitada, prohibiendo la contratación de familiares en cargos de confianza. Sin embargo, excluye de su alcance a altos funcionarios como el presidente, legisladores y ministros. La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) se ha opuesto a este punto, generando más debate sobre la efectividad de la medida.

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Otro aspecto controvertido es la limitación del derecho a huelga para servicios considerados “básicos imprescindibles”, que incluye a docentes, médicos y trabajadores de transporte, agua y energía. Esta disposición ha sido criticada por extenderse más allá de lo establecido en la Constitución, que solo menciona explícitamente a la Policía y Militares en esta categoría.

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La propuesta de ley también introduce evaluaciones periódicas de desempeño como requisito para mantener la estabilidad laboral, permitiendo la desvinculación de funcionarios tras tres evaluaciones reprobadas. Además, mantiene la jornada laboral de 40 horas semanales, un punto que ha sido cuestionado incluso por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Notablemente, el proyecto no aborda de manera significativa la situación de las entidades binacionales, un tema que ha sido objeto de críticas por la falta de regulación en este ámbito.

Fuente: ABC Color