Este martes, el contralor general de la República, Camilo Benítez, se presentó ante la Cámara de Diputados para respaldar el proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. La propuesta, que podría ser sancionada mañana, busca reforzar las políticas de lucha contra la corrupción en Paraguay, aunque genera dudas debido a su implicación con el poder Ejecutivo.
El proyecto de ley, que ya pasó por el Senado el pasado 16 de octubre, propone la creación de un “Consejo Nacional Anticorrupción” compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, así como del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, algunos sectores cuestionan que este consejo pueda estar influenciado por el gobierno actual, especialmente por la mayoría legislativa del Partido Colorado, lo que podría resultar en un “copamiento” de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción.
El Dr. Raúl Latorre (ANR-Capital), titular de la Cámara de Diputados, preside la reunión de la Mesa Directiva con el contralor general de la República, Camilo Benítez, y su equipo técnico. Analizan el proyecto de ley, «Que establece el régimen nacional de pic.twitter.com/RVDgQv3tzH
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¿Un Consejo Anticorrupción copado por el Gobierno?
Benítez defendió la estructura del Consejo, aclarando que este no tendría facultades para dictar órdenes a la Contraloría sobre qué casos investigar o qué auditorías realizar. En cambio, el Consejo se enfocaría en políticas preventivas, buscando mejorar la eficiencia en la lucha contra la corrupción y evitar que cada organismo “estire el carro hacia el lado que quiere”. Según el contralor, la función de la Contraloría seguiría siendo autónoma, sin que el consejo interfiera en las investigaciones y auditorías realizadas.
El contralor destacó que la prevención de la corrupción no reemplaza a la represión. Subrayó la importancia de la función represiva de la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes deben continuar con la persecución penal y sancionar a los corruptos. La idea central del proyecto, según Benítez, es estandarizar los criterios de prevención y fortalecer las políticas anticorrupción, para hacerlas más eficientes y coordinadas entre los diferentes organismos.
El descreimiento de la ciudadanía y la respuesta de Benítez
Al ser consultado sobre el descreimiento de la ciudadanía hacia las políticas anticorrupción, especialmente después de los escándalos de nepotismo en el Congreso, Benítez reconoció que el desconfianza es válida. Sin embargo, el contralor aseguró que este proyecto no empeorará la situación, aunque tampoco resolverá todos los problemas. “La ley no resta absolutamente nada, solo suma”, afirmó. En su opinión, la ley no incrementará el descreimiento, sino que lo mantendrá en los niveles actuales.
“Regula un sistema de denuncias que nosotros ya tenemos. Solo que esto tiene un componente que le obliga al contralor a resolver la denuncia”, subraya Camilo Benítez. ️
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El contralor también se refirió a la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuya función sería absorbida por la Contraloría. A pesar de las críticas, Benítez explicó que la Senac cuenta con solo 14 funcionarios y un presupuesto limitado, por lo que la absorción no implicará una gran expansión para la Contraloría. Además, señaló que esta medida responde a la necesidad de dar más facultades a una institución independiente del Ejecutivo.
Un paso hacia el cumplimiento de acuerdos internacionales
El proyecto también tiene como objetivo cumplir con acuerdos internacionales en cuanto a la protección de denunciantes de corrupción y garantizar que las denuncias sean resueltas en un plazo determinado. Según Benítez, esta medida fortalecerá la lucha contra la corrupción al darle un marco normativo más robusto y establecer un sistema de rendición de cuentas más transparente.
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Aunque el proyecto sigue siendo objeto de controversia, el contralor mostró confianza en que contribuirá al fortalecimiento del sistema anticorrupción de Paraguay, sin afectar la independencia de las instituciones ni empeorar la situación actual. Las próximas horas serán clave para determinar si la Cámara de Diputados aprueba finalmente esta iniciativa.
Fuente: ABC Color
