La trama de la mafia de los pagarés
En varios juzgados de paz de la capital paraguaya opera una red de corrupción conocida como la “mafia de los pagarés”. Este esquema delictivo involucra a empresas demandantes, jueces, actuarios y ujieres en un complejo entramado de cobro fraudulento de deudas, afectando a miles de personas. Los magistrados, quienes deben garantizar justicia, estarían directamente vinculados al funcionamiento del esquema mediante acuerdos que implican porcentajes sobre las notificaciones y expedientes.
El funcionamiento del esquema
El modus operandi de esta mafia comienza con acuerdos previos entre empresas demandantes y jueces, quienes establecen porcentajes sobre el dinero recaudado.
Los expedientes son ingresados con escritos preaprobados, mientras los ujieres, piezas clave del esquema, cobran sumas millonarias por realizar notificaciones. Cada semana, los ujieres entregan parte de lo recaudado al juez o jueza a cambio de su complicidad.
Afectada por la «mafia de los pagarés»
Rossana Benítez comentó que es una de las afectadas por la «mafia de los pagarés». Tardaron casi dos semanas para que pueda acceder al expediente, el abogado me dijo que no existe el pagaré y quieren hacer valer un extracto que no tiene… pic.twitter.com/QbfjBU93NG
— Radio Ñandutí (@nanduti) November 29, 2024
Empresas involucradas y acuerdos especiales
Empresas grandes como Carsa y Bahía Costanera figuran entre las beneficiadas por este esquema. En casos específicos, como los de préstamos a docentes, las deudas reales son infladas mediante pagarés duplicados o triplicados, sumiendo a las víctimas en una espiral de endeudamiento. Estos acuerdos por volumen garantizan celeridad y mayores ganancias para los implicados.
El rol de los ujieres en la mafia
Los ujieres, esenciales en la ejecución del fraude, son seleccionados por sus conexiones políticas o apadrinamiento dentro del Poder Judicial. A pesar de percibir salarios modestos, ostentan un nivel de vida incompatible con sus ingresos oficiales. Según investigaciones preliminares, muchos acceden a estos cargos mediante pagos ilícitos a sus padrinos políticos.
Indicios de enriquecimiento ilícito
Fotografías compartidas en redes sociales evidencian el lujoso estilo de vida de algunos ujieres, con viajes internacionales y adquisición de vehículos de alta gama. Estos datos han despertado sospechas sobre el origen de sus ingresos, llevando a la Contraloría a investigar la correspondencia entre su patrimonio declarado y sus bienes reales.
Intervención de la Contraloría
La Contraloría General de la República inició auditorías sobre los ujieres vinculados al esquema, analizando sus declaraciones juradas y cotejándolas con registros oficiales. Este procedimiento busca identificar inconsistencias patrimoniales y asegurar la trazabilidad de los bienes. Hasta ahora, se han encontrado importantes irregularidades en las declaraciones de varios funcionarios.
El impacto en las víctimas
Miles de ciudadanos, especialmente docentes, han caído en este esquema fraudulento. Los pagarés falsificados multiplican las deudas reales, dejando a las víctimas sin posibilidad de defenderse frente a un sistema judicial manipulado. La falta de supervisión y sanciones permite que este modelo siga operando impunemente.
Responsabilidad judicial y política
La complicidad de jueces y ministros de la Corte Suprema es un factor clave en la perpetuación del esquema. La inacción de las autoridades refleja una falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras los ministros se mantienen al margen, la ciudadanía sigue siendo la principal afectada.
Reclamo de justicia y transparencia
Diversos sectores exigen acciones concretas para desmantelar esta red de corrupción. La puesta a disposición de funcionarios sospechosos no es suficiente. Se requiere una investigación profunda y sanciones ejemplares que restauren la confianza en el sistema judicial.
El desafío de combatir la corrupción
El caso de la “mafia de los pagarés” pone en evidencia la necesidad urgente de reformar el Poder Judicial. Sin mecanismos efectivos de control, estas redes seguirán operando, perpetuando la corrupción y erosionando los cimientos de la justicia en Paraguay.
Fuente: El Observador
