El Operativo Marangatú, desarrollado en el departamento de Canindeyú, ha generado diversas reacciones en la opinión pública tras la incautación récord de 57 toneladas de marihuana destinadas al mercado brasileño. El procedimiento, realizado en campos de soja cercanos al lago Itaipú, destaca por circunstancias particulares que han llamado la atención de expertos en seguridad.
La participación directa del Presidente de la República, Santiago Peña, quien se trasladó al lugar durante la víspera navideña y participó personalmente en el traslado de los panes de marihuana, marca un precedente inusual en este tipo de operativos. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de la Senad, Jalil Rachid, y altos mandos de las Fuerzas de Tareas Conjuntas.
Una de las principales observaciones surge de la ex ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien cuestiona el procedimiento de destrucción de la evidencia. Según la experta, la incineración de drogas requiere una orden judicial específica, no siendo suficiente una disposición fiscal.
La droga incautada se incinera por orden judicial, no por orden fiscal. Quiero suponer que es un error, si no lo fuera sería causal de enjuiciamiento, pero con el estibador de panes presente difícilmente eso ocurra, o no @Jem_py ? https://t.co/feZ2L7brDE
— Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) December 25, 2024
El debate se extiende al protagonismo institucional durante el operativo. Diversos analistas señalan que el trabajo operativo fue principalmente ejecutado por las FTC, aunque la visibilidad mediática se centró en la Senad. Esta situación habría generado malestar en las fuerzas armadas, según reportes de observadores del sector.
La ex senadora Desirée Masi amplió las críticas al cuestionar el enfoque de las autoridades en operativos de alto impacto mediático, mientras señala la necesidad de profundizar en la investigación de las estructuras criminales y el seguimiento de los flujos financieros del narcotráfico.
El contexto del operativo cobra especial relevancia tras la reciente tensión entre la Senad y la DEA norteamericana. Analistas sugieren que el timing del procedimiento podría responder a la necesidad de fortalecer la imagen institucional de la secretaría antidrogas.
Jalil Rachid ha respondido a estas observaciones asegurando que la cooperación con la DEA continúa activa. El ministro destaca que la reciente incautación de 400 kilos de cocaína en el Chaco fue resultado del trabajo conjunto con la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU).
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Sobre el Operativo Marangatú, Rachid explica que la participación predominante de las FTC responde a sus capacidades operativas y poder de fuego. El ministro estima que las recientes incautaciones representan un impacto económico de aproximadamente 40 millones de dólares para las organizaciones criminales.
La gestión actual de la Senad reporta números récord en incautaciones tanto de marihuana como de cocaína. Sin embargo, expertos en seguridad insisten en la necesidad de fortalecer las investigaciones sobre las estructuras financieras del narcotráfico.
Fuente: ABC Color
