Ríos admite aval de ministros en polémica compra de vehículos

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, abordó la reciente polémica por la compra de vehículos de lujo. Durante una reunión con el medio El Observador, el magistrado asumió una postura frontal sobre la adquisición. “Sobre el tema de la camioneta, yo no voy a ser hipócrita, no voy a ser cínico”, declaró inicialmente. Ríos enfatizó que la decisión de avanzar con la licitación no fue unilateral ni exclusiva de la presidencia.

Según el ministro, los nueve integrantes del máximo tribunal consintieron la operación de forma unánime. El presidente de la Corte, César Diesel, comunicó la intención de compra a sus pares antes de la aprobación final. Ríos fue enfático al señalar que “los nueve estuvimos de acuerdo” en realizar dicha inversión institucional. El magistrado rechazó la posibilidad de desmarcarse de la decisión para ganar simpatía popular ante las críticas ciudadanas.

El costo de la seguridad institucional

El Poder Judicial desembolsó una suma total de G. 5.161.000.000 por el lote de camionetas nuevas. Cada unidad representó un gasto de G. 573.500.000, una cifra que generó cuestionamientos por presuntos sobrecostos significativos. Al momento de la licitación, el precio de mercado de estos vehículos rondaba los G. 412.828.519 por unidad. Ríos reconoció que la evaluación social sobre si esto constituye un error es un proceso necesario y legítimo.

Sin embargo, el ministro justificó la renovación de la flota basándose en la integridad física de los magistrados. Argumentó que los vehículos actuales tienen entre ocho y nueve años de uso continuo en la institución. “Tiene que ver con la seguridad de los ministros”, afirmó Ríos al defender la necesidad de contar con transporte confiable. Para el ministro, no se trata de una ostentación, sino de estándares de seguridad básica para altos funcionarios.

Estructura salarial y misiones oficiales

Ante las consultas sobre el uso de recursos propios, Ríos aclaró que utiliza su vehículo particular habitualmente. No obstante, sostuvo que las camionetas adquiridas están destinadas exclusivamente para el cumplimiento de misiones oficiales. Respecto a la situación de los funcionarios con salarios bajos, calificó el problema como algo “estructural” del Estado paraguayo. Aseguró que la Corte solicita aumentos anualmente, pero que la decisión final depende de los otros poderes.

Ministro de Corte sobre adquisición de camionetas de lujo

➡️ El ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, se refirió a la compra de nueve camionetas de lujo para los ministros, cada una por un valor de G. 573.500.000.

➡️ En esa misma línea, Ríos afirmó que no será “hipócrita”… pic.twitter.com/WlZMKqJ1yQ

— Radio Ñandutí (@nanduti) February 17, 2026

Ríos minimizó el impacto visual de las camionetas al mencionar que se trata de la marca Isuzu. “No es una Hummer. No es Lamborghini”, señaló el ministro para contrastar la percepción de lujo excesivo en la compra. A su criterio, cuestionar la oportunidad del gasto es válido, pero defendió la calidad técnica del equipamiento. Admitió que si existió una equivocación en el proceso, la responsabilidad es compartida por todo el pleno.

Auditoría y sospechas de sobrefacturación

Actualmente, la Contraloría General de la República mantiene bajo la lupa el proceso licitatorio del Poder Judicial. La investigación se centra en la diferencia de G. 161 millones detectada entre el precio de mercado y el pagado. El análisis financiero considera el valor del dólar a G. 6.880 vigente durante la etapa de adjudicación de los bienes. Esta brecha económica es el punto central de las sospechas de irregularidades administrativas en la institución.

“Si hubo una metida de patas, los nueve metimos la pata”

El ministro deslindó la ejecución técnica del proceso, atribuyéndola al Consejo y a la dirección de administración. Ríos reiteró que su rol y el de sus pares fue la aprobación política y estratégica de la compra. “Si hubo una metida de patas, los nueve metimos la pata”, sentenció con tono autocrítico sobre el cierre. La ciudadanía y los órganos de control determinarán ahora la legitimidad del uso de estos fondos públicos.

Fuente: El Observador