La Contraloría General de la República solo logra analizar el 5% de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, según informó el contralor Camilo Benítez. De las 5.000 declaraciones que deberían examinarse anualmente, la institución procesa aproximadamente 250 casos.
El proceso de análisis de correspondencia enfrenta obstáculos significativos, principalmente debido a la lentitud en el intercambio de información entre instituciones. Benítez señaló que un solo análisis puede demorar hasta un año, lo que dificulta cumplir con el mandato constitucional de control patrimonial.
Para abordar estas limitaciones, la Contraloría presentará un nuevo proyecto de ley al Congreso este mes. La iniciativa busca agilizar el acceso directo a información interinstitucional y mejorar la capacidad de control de la entidad.
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Respecto al caso del presidente Santiago Peña, Benítez explicó que la Constitución y la ley establecen que el análisis de correspondencia presidencial debe realizarse al finalizar el mandato en 2028. El contralor argumentó que adelantar este análisis podría interpretarse como persecución o protección indebida.
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El alto patrimonio declarado por Peña antes de asumir la presidencia no justifica, según Benítez, romper las reglas establecidas para el análisis de correspondencia. Además, señaló que la propiedad en cuestión no figura a nombre del presidente en Registros Públicos.
La situación evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control patrimonial. El contralor enfatizó que corresponde al presidente aclarar el origen de los fondos utilizados para su residencia de verano, mientras que la Contraloría deberá esperar hasta 2028 para realizar el análisis correspondiente.
Fuente: ABC Color