La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) iniciará una fiscalización sobre los bienes del diputado Orlando Arévalo (ANR-HC), tras la denuncia presentada por la constructora Rehobot por supuestas irregularidades en el pago de obras de refacción valuadas en G. 2.400 millones.
El titular de la SET, Óscar Orué, confirmó que la investigación se centrará en verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del legislador.
Tributación iniciará una fiscalización sobre los bienes de Orlando Arévalo tras denuncia de constructora por supuesta falta de pago
Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, expresó que en primera instancia solicitarán información a la constructora que denunció… pic.twitter.com/dIIZlmIQ5J
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 6, 2025
Según la denuncia presentada por el abogado Juan Martín Barba, representante de la constructora, el parlamentario se negó a recibir las facturas correspondientes por los trabajos realizados en su vivienda de Lambaré. Los pagos, que alcanzaron G. 2.000 millones, se realizaban en efectivo mediante maletines, quedando pendiente un saldo de G. 400 millones.
La empresa constructora Rehobot formalizó una denuncia en la Fiscalía contra el diputado Arévalo y su esposa, Carolina González Pérez, por presuntos delitos de persecución de inocentes, asociación criminal y lavado de dinero. El caso tomó un giro cuando los denunciantes fueron imputados por la fiscala Sandra Ledesma, aunque el pedido de prisión fue rechazado por el juzgado.
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El titular de la SET aclaró que la institución no tiene competencia para investigar el presunto lavado de dinero, limitándose su actuación a determinar posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del legislador. Esta nueva investigación se suma a una fiscalización anterior realizada en 2023, que concluyó con el pago de multas e impuestos determinados por la administración.
La denuncia señala que, tras la entrega de la obra, el diputado y su esposa presentaron una acusación ante la Fiscalía por supuestas actividades peligrosas en la construcción. Según la constructora, esta acción tendría como objetivo evadir el pago del saldo pendiente de G. 400 millones.
Fuente: Última Hora
