El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, prepara una ofensiva contra la cooperación estadounidense al anunciar un pedido de informe sobre el destino de aproximadamente USD 50 millones en fondos de USAID. La medida forma parte de una agenda legislativa más amplia que incluye la revisión de leyes sociales y la fusión de ministerios.
En una revelación exclusiva, Núñez adelantó que la investigación se centrará en el período 2020-2025, coincidente con la administración Biden. El legislador cartista sostiene que estos fondos fueron canalizados a través de ONG que nunca presentaron una rendición de cuentas transparente.
La iniciativa se enmarca en una agenda conservadora más amplia que incluye la revisión de la ley de protección a mujeres contra la violencia. Según Núñez, esta normativa no ha logrado reducir los feminicidios y cuestiona el procedimiento que permite detenciones preventivas con una sola denuncia.
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GRAVÍSIMO
Ahora @realDonaldTrump nos da la razón o no ? pic.twitter.com/4euRTAHSkU— Bachi Nuñez (@bachinunezpy) February 13, 2025
El plan cartista contempla además una reestructuración estatal que podría resultar en la fusión de la Secretaría de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y posiblemente el Ministerio de la Niñez, siguiendo la línea anunciada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.
Esta ofensiva legislativa coincide con las recientes declaraciones del senador Gustavo Leite sobre la preparación de proyectos para frenar iniciativas relacionadas con la “ideología de género”, aunque Núñez asegura no tener información sobre esta propuesta específica.
El movimiento se alinea con la controversial ley de control a las ONG y las investigaciones de la Comisión Bicameral Antilavado, que busca exponer supuestas conexiones entre organizaciones civiles, agencias de cooperación extranjeras y el crimen organizado.
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Núñez ha sido particularmente crítico con USAID, acusando a la agencia de interferir en procesos electorales en varios países, incluyendo Paraguay. El presidente del Congreso llegó a afirmar que la agencia, actualmente bajo la supervisión del secretario de Estado Marco Rubio, habría financiado a la oposición en las últimas elecciones.
La movida legislativa promete intensificar las tensiones entre el oficialismo cartista y las organizaciones de la sociedad civil, en un momento de creciente cuestionamiento al rol de la cooperación internacional en Paraguay.
Fuente: La Política Online