Este viernes 28 de febrero vence la tercera prórroga otorgada por Petropar a la firma catarí Doha Holding Group LLC para la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoil, sin que hasta el momento la petrolera estatal haya recibido el combustible comprometido. El contrato, valuado en más de USD 61 millones, ha sido objeto de sucesivas extensiones que han triplicado el plazo de entrega inicialmente acordado, generando cuestionamientos sobre la legalidad de estas modificaciones y la capacidad de la empresa extranjera para cumplir con lo pactado.
La administración de Petróleos Paraguayos (Petropar), encabezada por Eddie Jara, no ha emitido declaraciones oficiales sobre las acciones que tomará ante este nuevo incumplimiento. Consultada al respecto, la Dirección de Comunicaciones de la estatal se limitó a informar que “se está viendo y analizando” qué medidas se adoptarán, sin precisar si se procederá a la rescisión del contrato o si, contrariamente a lo establecido en la normativa de contrataciones públicas, se otorgará una cuarta prórroga a la empresa. El contrato original, firmado el 30 de septiembre del año pasado, establecía que la totalidad del combustible debía ser entregado entre octubre y noviembre de 2024, plazo que fue extendido en tres ocasiones consecutivas: primero hasta el 31 de diciembre, luego hasta el 31 de enero y finalmente hasta el 28 de febrero.
Estas extensiones de plazo han generado controversia por su aparente contradicción con lo establecido en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, cuyo artículo 67 limita las modificaciones contractuales a un máximo del 20% del monto y plazo original, “siempre que resulten necesarios como consecuencias de circunstancias imprevistas y que no implique otorgar condiciones más ventajosas, comparadas con las establecidas originalmente”. Las tres prórrogas concedidas por Petropar representan una extensión que prácticamente triplica el plazo inicial, lo que parece exceder ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente y otorgar ventajas indebidas a la firma catarí.
La situación se torna aún más cuestionable considerando que Petropar recurrió a un procedimiento especial de contratación, argumentando la “urgencia” de adquirir el carburante a un precio “milagroso” de USD 610 por tonelada métrica. Esta modalidad de adquisición, que permite la publicación posterior de los documentos del proceso, está diseñada para contrataciones de “oportunidad” con plazos máximos de ejecución de dos meses. Según juristas consultados, al extender repetidamente los plazos, la petrolera estatal habría desnaturalizado el sentido del procedimiento especial, ya que “el argumento de la urgencia ya no tiene validez porque no se cumplió el objetivo” de recibir rápidamente el combustible, cuyo primer embarque debía llegar el 23 de octubre del año pasado.
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Otro aspecto que genera suspicacias es el vínculo de Doha Holding Group con Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, quien figura en los registros como representante de la empresa junto con el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y Saad Doukali. La firma catarí, creada en diciembre de 2023 aparentemente solo para esta transacción, carece de experiencia en el rubro de combustibles y utilizó como dirección en el contrato las oficinas del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a Julio Jiménez, asesor jurídico de la empresa y vicepresidente del club Olimpia, cercano al presidente de la Conmebol. Adicionalmente, se ha señalado que Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez.
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Si Petropar decide rescindir el contrato con Doha Holding Group, deberá reclamar la garantía de fiel cumplimiento por USD 3.050.000, presentada mediante una declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani con un supuesto respaldo del Qatar International Islamic Bank (QIIB). En caso de que la empresa no abone este monto, la estatal tendría que iniciar acciones legales ante la justicia paraguaya, bajo riesgo de que sus directivos sean acusados de lesión de confianza si no proceden con la reclamación correspondiente. Este escenario recuerda el fallido contrato de Petropar con AP SA en 2023, empresa dedicada a la venta de alfombras y decoración, propiedad de la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, a quien se adjudicó una compra de diésel por USD 51 millones que nunca se concretó. En aquel caso, la petrolera estatal tampoco ha logrado cobrar hasta la fecha la garantía de USD 1,5 millones, presentada igualmente como declaración jurada, estando el caso actualmente en litigio judicial.
Fuente: ABC Color
