La Justicia paraguaya ha emitido un fallo significativo en el caso de la Caja Paraguaya de Jubilados de la Itaipú Binacional (CAJUBI), al ordenar una millonaria reparación económica contra los herederos de un exdirectivo condenado por lesión de confianza. La jueza Olga Ruiz hizo lugar a la demanda presentada por CAJUBI, estableciendo una compensación de 20.307 millones de guaraníes.
La sentencia obliga específicamente a la familia del fallecido Aurelio Ramón Sosa, quien en vida fue condenado a cinco años de prisión por su responsabilidad en el desvío de 215 millones de dólares pertenecientes a los fondos jubilatorios. Los afectados por esta resolución judicial son la viuda Elizabeth Pastoriza de Sosa y sus hijos Vivian Elizabeth, Vivian, Alejandro y Neri Sosa Pastoriza, quienes deberán efectuar el pago dentro de un plazo de 10 días una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
#DesvíoEnCajubi: La juez Olga Ruiz hizo lugar a la demanda de Cajubi y condenó a los herederos del exdirectivo Aurelio Ramón Sosa (+) a pagar G. 20.307.464.283, tras el desvío de más de USD 215 millones de la caja jubilatoria durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.#PDS pic.twitter.com/s32CrNvP5F
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El documento judicial advierte claramente que, en caso de incumplimiento del pago establecido, se procederá a la ejecución forzosa de bienes conforme a lo previsto en el Código Civil paraguayo. Esta acción busca resarcir parcialmente el grave perjuicio causado a los fondos de jubilación de los trabajadores de la entidad binacional.
Según quedó probado durante el proceso penal anterior, Aurelio Ramón Sosa remesó millones de dólares al exterior bajo el pretexto de realizar inversiones de alto rendimiento, acciones que fueron calificadas como lesión de confianza por la justicia paraguaya. Este caso forma parte de una serie de irregularidades detectadas en la administración de CAJUBI que han afectado severamente la sostenibilidad financiera de la institución.
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El fallo representa un precedente importante en la búsqueda de responsabilidades civiles derivadas de delitos económicos contra instituciones de seguridad social en Paraguay. La resolución judicial confirma que las consecuencias de actos ilícitos en la administración de fondos previsionales pueden trascender incluso después del fallecimiento del responsable directo, alcanzando a sus herederos.
La situación de CAJUBI continúa siendo compleja, ya que la recuperación de estos fondos representa apenas una fracción del total desviado en el escándalo que sacudió a la entidad años atrás. El caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los fondos previsionales, particularmente en instituciones que manejan importantes recursos como los provenientes de la binacional Itaipú.
Fuente: Judiciales.net
