La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) implementa un riguroso plan de cortes de suministro como estrategia para reducir la alta morosidad que enfrenta en el cobro del servicio eléctrico. Según informó el Ing. Hugo Rolón, gerente comercial de la institución, actualmente ejecutan un promedio de 77.000 cortes mensuales a clientes con facturas pendientes. Esta cifra podría incrementarse significativamente entre abril y agosto, cuando se proyecta alcanzar hasta 95.000 cortes por mes, replicando el comportamiento observado en 2024. El objetivo principal de estas medidas es disminuir el índice de morosidad actual, que ronda el 22% con aproximadamente 450.000 clientes que acumulan tres o más facturas impagas, para llevarlo al 16% antes de finalizar el 2025.
La distribución geográfica de los cortes de suministro muestra una clara concentración en zonas urbanas densamente pobladas. “El mayor porcentaje de cortes se concentra en el Departamento Central, Asunción y el Área Metropolitana, con aproximadamente 25.000 cortes mensuales”, explicó Rolón durante una entrevista concedida a Radio Monumental. Esta situación refleja no solo la mayor densidad poblacional de estas áreas, sino también la capacidad logística de la empresa para ejecutar operativos de corte en zonas accesibles. El saldo total adeudado por los clientes activos de la ANDE asciende actualmente a USD 175 millones, una cifra que, aunque alta, representa una reducción respecto a los USD 215 millones registrados en 2023. Un dato revelador es que el 80% de estas deudas corresponde a usuarios residenciales, evidenciando la dimensión del problema en el sector doméstico.
El sector público constituye otro foco importante de morosidad para la empresa estatal. “El sector público acumula aproximadamente 100 millones de dólares en deudas y, actualmente, estamos trabajando con la Dirección General de Empresas Públicas para establecer un sistema de monitoreo”, detalló el gerente comercial. La situación se agrava por deficiencias en la planificación presupuestaria de las entidades estatales, que frecuentemente no contemplan recursos suficientes para cubrir su consumo eléctrico anual. “Hay un gran inconveniente que es que todo lo que está presupuestado por los entes del Estado, ni siquiera cubre el consumo previsto para el año, y mucho menos por las deudas atrasadas”, señaló Rolón, apuntando a una problemática estructural que dificulta la recuperación de estos fondos y compromete la sostenibilidad financiera de la ANDE.
Además de la morosidad, las conexiones irregulares representan otra significativa fuente de pérdidas para la empresa eléctrica. Estudios realizados en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial han identificado entre 200.000 y 250.000 conexiones clandestinas en el país, principalmente concentradas en asentamientos y zonas periféricas urbanas. Estas instalaciones ilegales generan pérdidas anuales estimadas en aproximadamente USD 60 millones, afectando directamente la capacidad de inversión y mantenimiento de la red eléctrica nacional. El ingeniero Rolón destacó que, gracias a diversas medidas implementadas, las pérdidas en distribución han disminuido del 23,4% registrado en 2023 al 21,8% en 2024, estableciendo como meta de largo plazo alcanzar un 15% para el año 2028.
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La criptominería ilegal ha emergido como un sector particularmente problemático para la ANDE en los últimos años, debido al alto consumo eléctrico que requieren estas operaciones y su frecuente funcionamiento mediante conexiones irregulares. “En 2024 realizamos 33 operativos en conjunto con el Ministerio Público, logrando desactivar 89 MW de consumo ilegal, que representaba una pérdida mensual de 18.000 millones de guaraníes”, informó Rolón. La reciente aprobación de la Ley 7.300/24 ha proporcionado herramientas legales más efectivas para combatir esta práctica, permitiendo la incautación de equipos y estableciendo penas de hasta 10 años de prisión para los responsables. Este marco normativo fortalece la capacidad institucional para enfrentar un fenómeno que, por su complejidad técnica y su alta rentabilidad, presenta desafíos particulares para las autoridades.
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La ejecución de operativos de corte y detección de conexiones clandestinas no está exenta de riesgos para el personal de la ANDE. En zonas consideradas de alto riesgo, la institución coordina sus intervenciones con apoyo de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para garantizar la seguridad de sus funcionarios. “Siempre buscamos salvaguardar la seguridad de nuestros compañeros”, aseguró Rolón, reconociendo que en determinadas áreas han enfrentado situaciones de violencia durante los procedimientos. Esta realidad añade una dimensión adicional a la problemática, revelando que las medidas para reducir la morosidad y las conexiones irregulares no solo enfrentan desafíos técnicos y financieros, sino también barreras sociales y de seguridad que requieren un abordaje integral y coordinado entre diversas instituciones del Estado.
Fuente: ABC Color
