El Ministerio de la Niñez y Adolescencia presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Mariano Benítez, cacique de la comunidad indígena Guavirami de Trinidad, y otras 26 personas por presuntos hechos de explotación laboral y sexual, falta del deber de cuidado y exposición al peligro. Según la denuncia presentada por el ministro Walter Emilio Gutiérrez, el líder indígena estaría liderando un esquema de explotación que afecta principalmente a niños y niñas de su comunidad. El caso ganó notoriedad pública tras la muerte de un nieto del cacique, quien falleció arrollado por un automovilista mientras vendía limones en la avenida Japón de Encarnación.
Las investigaciones estarán a cargo de los fiscales Carlos Gómez, Lorena Castelvi y Éver Regalado Williams, quienes deberán analizar la documentación y evidencias presentadas por el Ministerio de la Niñez. La Fiscalía ya se encuentra trabajando en el caso del menor indígena fallecido, y según informó la fiscala adjunta Fabiola Molas, esta causa irá a juicio oral. Paralelamente, se iniciará la investigación sobre las denuncias de explotación sistemática que involucran a varios líderes indígenas de la región de Itapúa, cuyos nombres figuran en la lista de presuntos responsables presentada ante el Ministerio Público.
La denuncia detalla múltiples casos en los que menores de edad son forzados a realizar trabajos en condiciones deplorables, siendo sometidos a explotación laboral y, en algunos casos, sexual. El ministro Gutiérrez expresó su profunda preocupación por la situación que atraviesan los niños y niñas indígenas, y solicitó que la Fiscalía actúe con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. “La explotación infantil es una violación a los derechos humanos y no podemos tolerar que niños y niñas indígenas sean víctimas de esta práctica”, señaló el titular de la cartera de la Niñez durante su comparecencia ante los medios.
Un aspecto relevante de la denuncia es el enfoque que busca separar esta problemática de los derechos consuetudinarios indígenas. Según Gutiérrez, “acá ya no podemos mezclar los derechos consuetudinarios indígenas, porque es una cuestión clara de explotación, y tampoco se puede hablar de una problemática social, porque dicha comunidad está recibiendo todo tipo de asistencia del Estado”. Esta postura marca un precedente importante en el abordaje de situaciones donde los derechos de los menores indígenas puedan verse vulnerados bajo el amparo de tradiciones culturales, estableciendo que la protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.
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Las autoridades han identificado un patrón recurrente donde los menores son utilizados para mendigar o vender productos en las calles, especialmente en zonas urbanas como Encarnación. Esta práctica no solo expone a los niños y niñas a peligros constantes, como lo demuestra el trágico caso del nieto del cacique Benítez, sino que también constituye una forma de explotación donde los recursos obtenidos raramente benefician a los menores. Por esta razón, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que evite entregar dinero a niños en situación de calle, ya que “esto solo perpetúa su permanencia en calle” y, finalmente, lo “recaudado” no es utilizado en beneficio de los menores.
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El caso ha generado un importante debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los niños indígenas y los límites del respeto a las tradiciones culturales cuando éstas colisionan con derechos humanos fundamentales. «Esta no es la primera denuncia, pero estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas no puede ni va a estar jamás sobre los derechos de la niñez y la adolescencia indígena», afirmó categóricamente Gutiérrez. Los resultados de esta investigación podrían sentar un precedente significativo en la manera en que se abordan casos similares en el futuro, estableciendo protocolos claros para la protección de menores en comunidades indígenas.
Fuente: ABC Color
