Un grupo de parlamentarios presentó este lunes una denuncia penal contra la licitación de pupitres chinos adjudicada por Itaipú Binacional.
La acción legal fue impulsada por los senadores Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y Sergio Rojas, junto a los diputados Mauricio Espínola y Raúl Benítez. Los legisladores cuestionan irregularidades en el proceso de adjudicación, que asignó USD 35 millones para la provisión de 330.000 pupitres escolares.
Pupitres chinos: Senadores opositores presentan denuncia penal
️»Lo que queremos es dar un mensaje político al Fiscal General del Estado, de que la gente quiere que se haga justicia, que quiere que se investigue, que no haya una Fiscalía que lo que no le interesa se quede… pic.twitter.com/9IUkQA9rz3
— Radio Ñandutí (@nanduti) March 17, 2025
Según el documento presentado, la empresa adjudicada, Kamamya, representada por el ciudadano chino Long Jian, adquirió los pupitres de Shanghai Sinotex United Corp. Ltda., una fábrica de sábanas y frazadas en China. Este hecho ha generado dudas sobre la idoneidad del proveedor para fabricar mobiliario escolar acorde a los estándares educativos requeridos.
DENUNCIA PENAL CONTRA ADJUDICACIÓN DE PUPITRES CHINOS Legisladores de la Oposición piden al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, investigar la licitación de los mobiliarios comprados por la Itaipú Binacional para el MEC. pic.twitter.com/OfvxDaNAQV
— FRANCISCA PEREIRA (@Francis970AM) March 17, 2025
Otro aspecto clave de la denuncia es que Kamamya habría accedido a información sobre las condiciones técnicas ocho días antes de que Itaipú publicara el pliego de bases y condiciones. Los denunciantes sostienen que esto habría otorgado ventajas indebidas a la firma adjudicada, afectando la transparencia y equidad del proceso licitatorio.
El factor económico también fue fuertemente cuestionado. Cada pupitre tiene un costo aproximado de G. 832.000, mientras que los muebles de fabricación nacional cuestan G. 250.000 en promedio. Esta diferencia de precios representa una posible sobrefacturación, que según los denunciantes constituye un fraude económico en perjuicio del Estado paraguayo.
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En la denuncia, los legisladores afirman que los hechos evidencian una posible “asociación para amañar el proceso a favor de Kamamya”. Entre los delitos que podrían configurarse se mencionan lesión de confianza, estafa, soborno, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y lavado de dinero.
El caso ahora queda en manos de las autoridades judiciales, que deberán investigar las acusaciones y determinar si existieron irregularidades en la adjudicación. Esta denuncia se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión de Itaipú Binacional, intensificando el escrutinio público sobre el uso de sus recursos.
Fuente: Megacadena
