La audiencia pública sobre el proyecto de ley de Protección de Datos Personales del Paraguay, realizada el viernes 11 último, expuso una situación de extrema confusión y descontento entre diversos sectores. El encuentro, que debía servir para aclarar aspectos técnicos de la iniciativa legislativa, terminó revelando que ni los propios participantes conocían con certeza qué versión del proyecto sería finalmente sometida a votación. Este escenario de incertidumbre generó fuertes críticas hacia el cartismo, acusado de introducir una propuesta completamente nueva e ignorar años de trabajo técnico previo.
El proyecto ya cuenta con la aprobación en general de la Cámara de Diputados y solo resta su estudio en particular, lo cual está en la agenda de la mayoría cartista. Sin embargo, la situación llegó a tal punto que ni siquiera los organismos estatales directamente involucrados conocen el texto definitivo. La titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, expresó su frustración durante la audiencia al señalar que le remitieron la versión original de 2021, pero no la actual que sería sometida a votación, limitando significativamente su capacidad para aportar al debate.
La controversia se intensificó al conocerse que el dictamen que se utilizaría como base proviene de la Comisión de Equidad Social e Igualdad entre el Hombre y la Mujer, encabezada por la líder de bancada cartista Rocío Abed. Este hecho fue interpretado como un desprecio al trabajo técnico realizado previamente por especialistas y sectores interesados. Ni siquiera el Ministro de Tecnologías de Información y Comunicación, Gustavo Villate, defendió completamente esta versión, aunque manifestó interés en que la ley mantenga aspectos genéricos que permitan su ajuste mediante reglamentación posterior.
El sector financiero advierte sobre riesgos críticos
La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), representada por su presidenta Liz Cramer, manifestó preocupación por la incertidumbre generada ante las múltiples versiones circulantes del proyecto. Cramer subrayó que esta situación no responde a falta de interés del sector privado, sino a la ausencia de claridad desde la Cámara Baja sobre cuál sería el texto definitivo a considerar. La representante bancaria hizo un llamado a “parar la pelota” y analizar seriamente un proyecto que podría tener impactos profundos en la economía nacional.
El documento compartido por Asoban expone seis puntos críticos que requieren revisión. Entre ellos destacan la limitación del plazo de conservación de datos, que podría afectar seriamente las operaciones bancarias vinculadas al análisis de riesgo y prevención de fraude. Las entidades financieras necesitan mantener historiales extensos no solo por requerimientos prudenciales, sino también por normativas fiscales y de prevención de lavado de dinero. Una restricción excesiva en este sentido comprometería la seguridad del sistema financiero paraguayo.
Otro aspecto especialmente sensible señalado por Cramer se refiere a las amplias facultades otorgadas a la futura Autoridad de Control. El proyecto permitiría a este organismo ordenar medidas correctivas, cautelares e incluso suspender tratamientos de datos de manera discrecional. Asoban propone delimitar con mayor precisión estas atribuciones y, crucialmente, establecer que cualquier medida que implique la interrupción de operaciones bancarias requiera intervención previa del Poder Judicial. “No podría una actividad administrativa parar el funcionamiento, podría afectar a todo el sistema”, enfatizó Cramer, subrayando el riesgo sistémico que esto representaría.
Denuncian manipulación del proceso legislativo
El proyecto presentado por la diputada Abed, que aparentemente sería utilizado como base para el análisis en particular, intentó presentarse como resultado de un amplio debate cuando en realidad fue introducido el mismo día de la aprobación general. Esta situación provocó el repudio público de Miguel Ángel Gaspar, director de Paraguay Ciberseguro y uno de los actores sociales que trabajó en la propuesta original. Gaspar calificó como “indignante” el intento de utilizar su nombre para legitimar un proceso que nunca ocurrió.
El especialista en ciberseguridad señaló además deficiencias técnicas en el nuevo texto, indicando que contiene “cuestiones puestas demasiado genéricas que requieren una discusión mucho más profunda”. Su crítica apuntó especialmente a la excesiva delegación de aspectos cruciales a la futura reglamentación, lo que podría reproducir problemas ya existentes con la ley de datos crediticios, donde quienes deberían ser protegidos no reciben la atención necesaria, mientras que los organismos con voluntad protectora carecen de recursos para ejercer sus funciones.
La maniobra legislativa del cartismo no solo generó cuestionamientos por su falta de transparencia, sino también por desconocer el trabajo realizado durante años por especialistas técnicos y organizaciones de la sociedad civil. Al presentar un proyecto completamente nuevo sin el debido proceso de consulta y participación, se estableció un precedente negativo para el desarrollo de políticas públicas en materia digital, especialmente en un área tan sensible como la protección de datos personales de los ciudadanos paraguayos.
Preocupaciones constitucionales y riesgos para la transparencia
La diputada Rocío Vallejo del Partido Patria Querida planteó serias objeciones constitucionales al proyecto cartista. Según la legisladora, el texto podría contravenir el principio de legalidad al establecer sanciones sin especificar claramente las conductas punibles. “Acá se establecen sanciones sumamente duras y no se dice por qué te van a castigar”, señaló Vallejo, agregando que esto permitiría que “la autoridad de turno es la que va a decir porque te van a castigar”, ya que la reglamentación podría modificarse unilateralmente.
Otro punto crítico identificado por Vallejo es la tendencia a legislar mediante reglamentación, práctica que calificó como “sumamente preocupante”. La diputada advirtió que el proyecto crearía una Agencia de Datos Personales dirigida por un funcionario con poderes extraordinarios, al que calificó como “un superdios”, quien solo podría ser removido mediante condena firme por algún delito y tendría bajo su control todos los datos personales del país, una concentración de poder que genera alarma desde la perspectiva republicana.
Particularmente grave resulta la posible afectación a la Ley de Acceso a Información Pública (AIP). Vallejo señaló que el artículo 24 del proyecto establecería mecanismos que podrían obstaculizar seriamente el derecho ciudadano a la información, al permitir consultar a funcionarios públicos si están de acuerdo con divulgar información que los “afecte”. Este procedimiento, calificado por la diputada como “superengorroso”, incluiría plazos extensos que en la práctica dificultarían el acceso ciudadano a información pública, un retroceso significativo para la transparencia institucional.
Frente a las múltiples críticas, el ministro Villate tuvo intervenciones poco claras durante la audiencia, evitando profundizar en aspectos técnicos del proyecto. Su principal interés pareció centrarse en defender una normativa genérica que pudiera ser ajustada mediante decretos posteriores, postura que contradice frontalmente lo solicitado por especialistas y sectores afectados, quienes demandan una ley clara y específica. “Creemos que una ley que sea muy no reglamentarista va a hacer que nos encasillamos demasiado”, argumentó Villate, defendiendo la flexibilidad reglamentaria como mecanismo para “madurar como sociedad”.
El ministro @gvillate asistió a la audiencia pública para el estudio y anális del proyecto de ley «De Protección de Datos Personales en Paraguay». En su intervención mencionó que desde el MITIC se trabaja con varios sectores como organizaciones civiles, instituciones del Estado y… pic.twitter.com/cgEL6GqjBb
— MITIC Paraguay (@Miticpy) April 11, 2025
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La directora de Sedeco, Sara Irún, sugirió la necesidad de un análisis más profundo para evaluar la fragmentación normativa existente, proponiendo unificar la futura ley con la actual legislación sobre datos crediticios. “Si ya se está creando una nueva autoridad y se está creando una ley de protección de datos, que se incluya ya la de datos crediticios y que se haga un proyecto coherente y claro”, expresó Irún, planteando una aproximación integral que fue bien recibida por los participantes de la audiencia.
El tratamiento del proyecto podría retomarse después del receso legislativo por Semana Santa. Sin embargo, legisladores presentes en la audiencia manifestaron su intención de solicitar que el texto retorne a comisiones para un análisis más exhaustivo.
La diputada Vallejo incluso solicitó públicamente a Villate que interceda ante los diputados cartistas, quienes brillaron por su ausencia en una audiencia crucial sobre un proyecto que ellos mismos impulsan, evidenciando el escaso interés en participar de un debate técnico y transparente sobre una normativa que afectará a todos los paraguayos.
Fuente: ABC Color
