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CGR puede auditar Itaipú sin impedimentos, confirma ministro Ríos

El ministro de la CSJ, Víctor Ríos, desmintió la existencia de medidas cautelares contra la Ley 6763/21, despejando el camino para que la CGR audite las polémicas compras de Itaipú.

Edificio Itaipu, Archivo ÚH

El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Víctor Ríos, confirmó que la Contraloría General de la República (CGR) puede realizar auditorías en la entidad binacional Itaipú sin restricciones legales. Esta aclaración desmiente la existencia de medidas cautelares que impidan el control de los gastos de la binacional paraguayo-brasileña.

Según declaraciones de Ríos, la Sala Constitucional no dictó ninguna medida cautelar que prohíba a la CGR, encabezada por Camilo Benítez, auditar las compras de Itaipú. Mañana pueden entrar a hacer, aseveró el ministro en referencia a la posibilidad inmediata de iniciar procesos de fiscalización en la entidad.

Las afirmaciones del ministro contradicen directamente lo sostenido por la propia Contraloría. Desde esta institución habían argumentado que las binacionales impugnaron mediante acción de inconstitucionalidad la Ley 6763/21, que establece procedimientos de control y fiscalización de las cuentas de Itaipú.

Darío Ortega, director jurídico de la CGR, había informado que la Corte dictó el Auto Interlocutorio 40/22 ordenando la suspensión de los efectos de dicha ley. Sin embargo, el ministro Ríos negó categóricamente esta versión, afirmando que no existe ninguna medida cautelar que suspenda la aplicación de la mencionada legislación.

A principios de mes, Ortega había señalado que la CGR solo podría fiscalizar Itaipú con la autorización expresa del presidente Santiago Peña o del titular de la binacional, Justo Zacarías Irún. Las declaraciones de Ríos descartan la necesidad de estos requisitos, despejando el camino para posibles auditorías.

Con esta aclaración, la Contraloría estaría habilitada para examinar adquisiciones controversiales como la reciente compra de 328.687 muebles escolares de origen chino por G. 238.714.954.290 (USD 32 millones), adjudicada en diciembre de 2024.

La firma beneficiada con esta millonaria adjudicación fue Kamamya SA, también conocida como Qin Yi América SA, cuyo principal accionista es Long Jiang. Esta empresa actualmente importa estructuras metálicas desde China para la fabricación de los mencionados muebles escolares.

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El proceso licitatorio ha sido cuestionado por presunto direccionamiento a favor de Kamamya SA. Diversos sectores han señalado posibles irregularidades en la adjudicación, considerando los montos involucrados y las características de la propuesta ganadora.

La clarificación del ministro Ríos genera expectativas sobre la posible intervención de la Contraloría en éste y otros procesos de compra realizados por Itaipú. La fiscalización podría determinar si existieron irregularidades en las millonarias adquisiciones de la binacional durante los últimos años.

Fuente: Última Hora