Una investigación reciente de TEDIC revela que desde 2018 el Estado paraguayo ha estado comprando e instalando cámaras de reconocimiento facial sin control, sin debate público y sin normativa que garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía. El informe, titulado “Con mi cara no”, señala que al menos 2.300 cámaras fueron adquiridas por 13 instituciones públicas, entre ellas el Ministerio del Interior, Migraciones, CONATEL, la Cámara de Senadores, gobernaciones y municipalidades.
La organización advierte que estas adquisiciones representan un despliegue de tecnologías de vigilancia biométrica sin mecanismos de evaluación de impacto ni regulación sobre la protección de datos personales. Se recoge información sensible de la ciudadanía de manera diaria, sin transparencia sobre su manejo o finalidad.
Desvío de fondos del acceso digital a la vigilancia
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el uso del Fondo de Servicios Universales (FSU), administrado por CONATEL, para financiar la compra de estos equipos. Este fondo fue originalmente creado para promover la conectividad en zonas rurales y sectores vulnerables. Sin embargo, a partir de 2016, y con mayor énfasis desde 2018, se destinó para adquirir sistemas de videovigilancia, muchos con capacidades de reconocimiento facial.
TEDIC denuncia que 27 licitaciones entre 2011 y 2022 fueron adjudicadas bajo rubros como “equipos de oficina” o “educativos”, impidiendo un monitoreo efectivo del uso de estos recursos. La organización sostiene que este desvío constituye una violación grave a la finalidad original del FSU.
Opacidad institucional y escasos resultados
Desde 2018, TEDIC promovió tres acciones judiciales para obtener información sobre los contratos, proveedores y ubicación de las cámaras. Sin embargo, todas fueron rechazadas. El Ministerio del Interior alegó razones de “seguridad nacional” para negar el acceso a los datos solicitados, manteniendo en la opacidad la implementación de esta política de vigilancia.
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Los resultados en materia de seguridad también son limitados. Según el informe, entre 2019 y 2023 se emitieron apenas 137 alertas a través del sistema, con solo una alerta reportada en 2023. Además, en el mismo año se confirmó una filtración de bases de datos biométricos de la Policía Nacional, evidenciando riesgos significativos en la gestión de información sensible.
Recomendaciones ante el escenario actual
Ante este panorama, TEDIC propone tres medidas urgentes: suspender el uso de tecnologías de reconocimiento facial hasta la aprobación de una ley de protección de datos personales con enfoque de derechos humanos, investigar el desvío de fondos del FSU y sancionar a los responsables, y garantizar el acceso público a todos los contratos relacionados con la videovigilancia biométrica.
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La organización remarca que la protección de la identidad facial debe ser prioritaria y que la ausencia de controles democráticos sobre estas tecnologías representa un riesgo para la privacidad, la libertad de circulación y otros derechos fundamentales de la ciudadanía paraguaya.
Por RDN
