La acción de inconstitucionalidad presentada contra la resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por absolver a la jueza Gloria Machuca, quien ordenó censura previa contra el medio RDN y el empresario Christian Chena, permanece sin avances en la Corte Suprema de Justicia. Desde su presentación el 28 de febrero, el expediente continúa paralizado en etapa de promoción para estudio de admisibilidad.
El caso fue motivado por la resolución del JEM que benefició a la magistrada Machuca, pese a que ordenó censurar inconstitucionalmente a un medio de prensa. La medida fue considerada un acto de censura previa, prohibida expresamente por la Constitución Nacional, lo que generó rechazo en sectores del periodismo y el derecho.
RDN y Christian Chena fueron censurados tras publicar denuncias de corrupción contra Giselle Mousques y su marido Darío Filártiga, cuando este ocupaba el cargo de Presidente en el Instituto de Previsión Social (IPS).
La acción fue presentada ante la Sala con el objetivo de que se declarara inconstitucional la decisión del JEM. Los firmantes argumentan que dicha resolución vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y el principio de no censura, establecido en el artículo 26 de la Carta Magna.
Desde su ingreso a la Corte Suprema, la causa no ha registrado movimientos procesales significativos. El expediente permanece sin resolución ni señales de tratamiento a corto plazo, lo que genera preocupación sobre la celeridad y el compromiso institucional para garantizar los derechos fundamentales en casos sensibles.
El reclamo de fondo en la acción apunta a revertir una decisión considerada regresiva para el sistema democrático. Para los accionantes, permitir que una jueza utilice el poder judicial para impedir la circulación de información socava los principios de transparencia y control ciudadano sobre los poderes del Estado.
Organismos internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han alertado previamente sobre el uso de medidas judiciales como forma indirecta de censura, y han instado a los Estados a evitar resoluciones que impidan la publicación de información de interés público.
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La Corte Suprema aún no ha emitido dictamen sobre la admisibilidad del recurso. Tampoco ha fijado fecha para su estudio ni ha ofrecido explicaciones sobre la demora en un expediente que involucra derechos constitucionales y el funcionamiento del sistema de control judicial.
El caso se convierte así en una prueba de la capacidad del máximo tribunal para dar respuestas en temas de libertad de prensa, en un contexto donde diversos sectores cuestionan el uso político del sistema de justicia para proteger a magistrados ante situaciones controvertidas.
Fuente: RDN
