La oposición del oficialismo cartista a transparentar el manejo de fondos sociales de las binacionales responde a un esquema que compromete unos G. 9.590 millones anuales en salarios a familiares de legisladores. Al menos una veintena de congresistas que votaron contra las iniciativas presentadas en ambas cámaras mantienen parientes con jugosos cargos en Itaipú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), evidenciando un conflicto de intereses que socava las instituciones republicanas.
El rechazo a fiscalizar los USD 670 millones anuales que manejan las binacionales en concepto de gastos sociales obedece a una estrategia gubernamental para eludir los controles de Contrataciones Públicas y Contraloría. Esta maniobra permite al gobierno de Santiago Peña emprender licitaciones millonarias presuntamente direccionadas y sobrefacturadas, utilizando estas entidades como cajas paralelas libres de escrutinio público.
NEPOS SÍ, TRANSPARENCIA NO: BLINDAJE PARLAMENTARIO A GASTOS DE ITAIPÚ Y EBY LE CUESTA AL PUEBLO CASI G. 10 MIL MILLONES AL AÑO.
Vía @abcdigital◾En un descarado caso de conflicto de intereses, al menos una veintena de senadores y diputados que votaron en contra de… pic.twitter.com/TNHleG5QlB
— Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) May 5, 2025
Entre los casos más notorios figura la diputada Rocío Abed, jefa de bancada de Honor Colorado, cuyo esposo Justo Zacarías preside el lado paraguayo de Itaipú con un salario mensual de G. 154.518.450. A esto se suma su hijastra Natasha Zacarías, quien percibe G. 27.163.000 en la misma institución, conformando una red familiar que acumula poder y recursos mientras defiende la opacidad en el manejo de fondos públicos.
La situación se repite en el Senado, donde Silvio “Beto” Ovelar votó contra la transparencia mientras su esposa Iris Magnolia Mendoza cobra G. 149.190.233 como directora jurídica de Itaipú. Similar es el caso del senador Javier Zacarías Irún, cuyo hermano Justo dirige la hidroeléctrica, configurando un entramado de lealtades donde el vínculo sanguíneo prevalece sobre el interés público y el manejo responsable de los recursos nacionales.
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El costo mensual de mantener a estos familiares en las binacionales asciende a G. 714.625.244, sumando unos G. 9.290.128.172 anuales con el aguinaldo incluido. Este sistema de «apriete consentido» funciona como moneda de cambio: los legisladores aseguran posiciones privilegiadas para sus allegados a cambio de defender el uso discrecional de fondos, bajo la amenaza velada de perder estos beneficios si se desvían de la línea partidaria.
El esquema incluye también a legisladores liberocartistas, aunque con posiciones menos onerosas, generalmente mediante bonificaciones de G. 10.000.000 mensuales. Esta práctica institucionalizada de nepotismo no solo compromete recursos públicos, sino que secuestra la independencia del Poder Legislativo, subordinándolo a intereses partidarios y familiares que traicionan el mandato constitucional de servir al pueblo paraguayo.
Fuente: ABC Color
