La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Civil para evitar abusos judiciales vinculados a pagarés y títulos de crédito. La propuesta busca que estos documentos financieros queden en resguardo de los juzgados o que quienes los retiren sean formalmente designados como depositarios judiciales.
Esta decisión se produce tras múltiples denuncias sobre el uso irregular de pagarés que derivaron en demandas judiciales múltiples contra una misma persona, práctica que se conoce como la “mafia de los pagarés” y que ha afectado especialmente a funcionarios públicos.
️El pleno de la Corte aprobó presentar el proyecto de ley, por su iniciativa legislativa, para cambiar el Código Procesal Civil para que los pagarés o títulos de créditos queden en depósito en los juzgados o se nombre como depositarios judiciales a los que los retiran. pic.twitter.com/jUcVIk0U1d
— Raúl Ramírez Bogado (@Raulramirezpy) May 7, 2025
“Creemos que esta reforma representa una solución concreta al problema, sin perjudicar el funcionamiento del sistema de crédito”, señaló uno de los ministros del máximo tribunal, durante la sesión plenaria.
El objetivo del proyecto es evitar que los pagarés continúen circulando informalmente incluso después de haber sido judicializados, lo cual expone a los deudores a ser demandados más de una vez por el mismo documento. Con esta medida, se busca garantizar mayor control y transparencia en los procesos ejecutivos, sin entorpecer el dinamismo natural de los títulos de crédito en el sistema financiero.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
La Corte argumenta que este cambio normativo no afecta la validez comercial de los pagarés, sino que pretende establecer un marco legal que proteja a los ciudadanos y a la administración de justicia ante maniobras fraudulentas.
El proyecto de ley será remitido próximamente al Congreso Nacional para su análisis y eventual tratamiento. Se espera que la iniciativa reciba respaldo político, dado el creciente número de casos denunciados y el impacto social que generan estos esquemas judiciales.
Fuente: ÚH