El diputado independiente Raúl Benítez lanzó duras acusaciones contra el contralor general de la República, Camilo Benítez, tras el anuncio de solicitud de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. En declaraciones que elevan la tensión política, el legislador calificó al titular de la Contraloría como un “ordenanza” al servicio del presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, sugiriendo que las acciones responden a intereses políticos y no a irregularidades reales en las administraciones municipales.
“Hoy lo que vemos es a un Camilo Benítez que está haciendo de ordenanza, ordenanza del pedido del presidente del Congreso que en su momento dijo: Nosotros vamos a intervenir la municipalidad de Asunción si se interviene Ciudad del Este”, expresó Benítez con tono enfático, estableciendo una conexión directa entre las declaraciones previas de Núñez y la actual solicitud de intervención. Estas afirmaciones revelan la percepción de una coordinación entre poderes del Estado para ejecutar acciones contra figuras específicas.
Ya lo dijo el Presidente del Congreso en su momento y hoy el ordenanza del Camilo sale a cumplir el pedido. pic.twitter.com/2F5Nk3tZqs
— Raúl Benitez (@Raulben) May 16, 2025
El legislador opositor no limitó sus críticas al caso actual, sino que estableció un patrón de comportamiento institucional al recordar el papel que habría jugado la Contraloría en la polémica expulsión de la senadora Kattya González. “Nuestro grupo político ya lo vivió con el tema de la expulsión de Kattya González, donde Camilo Benítez jugó un papel importantísimo al hablar del tema del comisionamiento de Torales como si fuera algo irregular”, señaló, agregando que posteriormente la Fiscalía determinó que no existieron irregularidades en dicho caso, tras haberse consumado la destitución de la legisladora.
Con particular énfasis, Benítez calificó el rol del contralor en aquel episodio como “garrote político”, estableciendo un paralelismo con la situación actual. Esta caracterización sugiere un uso institucional para fines partidarios, cuestionando la independencia de organismos estatales que deberían operar con autonomía técnica. La reiteración de este patrón, según el diputado, evidencia una estrategia sistemática del oficialismo para neutralizar figuras opositoras.
Lo más revelador de las declaraciones de Benítez fue la referencia a lo que denominó una “premonición cumplida”. El legislador recordó que en abril del año pasado, durante el debate sobre el veto presidencial a la ley que pretendía evitar el “puenteo” a la Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, ya había advertido sobre el uso político de estas instituciones. “Este veto lo que busca es poner la Contraloría para el enemigo y poner el Tribunal de Cuentas para que se pueda blanquear”, había manifestado en aquella oportunidad, palabras que ahora considera validadas por los acontecimientos recientes. “rdn”
Según la interpretación del diputado, la estrategia gubernamental fue claramente articulada: “Habíamos advertido, Peña vetó todo lo del Tribunal de Cuentas en su momento, justamente para tener como herramienta para blanqueo al Tribunal de Cuentas y a la Contraloría garrote, y esto ya se vivió”. Esta afirmación sugiere una planificación de largo plazo en el uso instrumental de las instituciones de control, adaptando su actuación según conveniencias políticas específicas.
En su análisis sobre las motivaciones detrás de las intervenciones solicitadas, Benítez planteó una lectura estratégica de doble propósito. Por un lado, argumenta que el oficialismo buscaría “sacrificar” al intendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien considera un lastre electoral para las próximas elecciones en la capital. “Evidentemente ellos saben que es una mochila pesada que van a cargar en Asunción, que es capaz de ganarle la interna, pero sí es muy posible que pierda en las generales”, explicó el diputado, sugiriendo un cálculo político dentro del propio partido oficialista.
Simultáneamente, y según esta interpretación, el segundo objetivo sería neutralizar a Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, a quien Benítez define como “la figura más fuerte que tiene la oposición”. Este doble movimiento revelaría una estrategia integral para reconfigurar el tablero político tanto en el ámbito interno del partido Colorado como en la relación de fuerzas con la oposición, utilizando mecanismos institucionales para fines electorales.
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En su análisis, el legislador estableció una diferenciación cualitativa entre las situaciones de ambos municipios, señalando que “no existe punto de comparación entre las supuestas irregularidades que le atribuyen a Prieto, con Nenecho, que sí tiene graves sospechas de desfalco a la comuna capitalina”. Esta distinción busca evidenciar lo que considera una desproporción en el tratamiento institucional, reforzando su argumento sobre la motivación política detrás de las acciones de la Contraloría.
Las declaraciones de Benítez adquieren particular relevancia considerando el contexto preelectoral que se avecina y el posicionamiento de figuras como Prieto, quien ha logrado proyección nacional desde su gestión en Ciudad del Este. La solicitud de intervención, según esta perspectiva, constituiría una herramienta para reconfigurar las opciones electorales futuras, utilizando mecanismos institucionales para incidir en la competencia política, una práctica que el diputado denuncia como recurrente en el sistema político paraguayo.
Fuente: ABC Color
