Cada día, al menos diez niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en Paraguay. Esta alarmante cifra fue dada a conocer en la convocatoria oficial a la marcha nacional contra el abuso y la explotación sexual infantil, que se realizará el próximo 31 de mayo en conmemoración del Día Nacional contra este flagelo. La movilización partirá a las 9:00 desde la Plaza Uruguaya hasta la plaza O’Leary, en Asunción.
Organizaciones como Somos Pytyvõhára, junto a otras redes de protección de la infancia, impulsan esta marcha para visibilizar las fallas del Estado en la atención a víctimas y en la prevención del abuso. Agustina Re, vocera del movimiento, advirtió que además de las denuncias diarias, se registran dos partos por día de niñas entre 10 y 14 años, una señal clara de abuso sistemático sin respuesta efectiva.
La principal crítica de los convocantes se centra en la ausencia de políticas públicas de contención y reparación. Aseguran que las víctimas no cuentan con respaldo institucional adecuado, y que la mayoría de los casos quedan impunes o sin seguimiento judicial. En ese sentido, exigen al Estado medidas urgentes para garantizar justicia y acompañamiento integral a niños y adolescentes sobrevivientes.
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Además, desde las organizaciones insisten en la importancia de promover la educación sexual integral como herramienta preventiva. Señalan que muchos niños y niñas no logran identificar situaciones de abuso debido a la falta de información, y que la cultura del silencio y la normalización de estas conductas impide avanzar en la erradicación de estos delitos.
Reclaman mayor acceso y cobertura nacional
Aunque la mayor cantidad de denuncias proviene de Asunción y del departamento Central, los activistas explican que esto no se debe a una mayor incidencia del problema, sino a un mejor acceso a servicios de educación y justicia. En las zonas rurales, muchas víctimas no denuncian por temor o por falta de confianza en el sistema judicial.
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Por ello, los organizadores de la marcha piden reforzar la cobertura institucional en el interior del país, aumentar el presupuesto destinado a programas de protección de la infancia, y establecer mecanismos eficaces para la denuncia y sanción de los responsables. La movilización busca también romper el silencio social y fomentar una cultura de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas.
Fuente: ABC Color
