El fiscal Ysrael Villalba Ramírez solicitó formalmente al juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, elevar a juicio oral y público la causa contra el exsenador argentino Edgar Darío Kueider. La acusación formal incluye también a Iara Magdalena Guinsel Costa, secretaria del exlegislador, por el hecho punible de contrabando de divisas. Ambos procesados permanecen bajo arresto domiciliario desde diciembre de 2024.
El caso se originó el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. Los funcionarios de la Prefectura Naval y Aduanas detectaron en el vehículo Chevrolet que conducía el exsenador una suma de 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos sin declarar. Las autoridades entregaron 9.900 dólares a Kueider, monto permitido sin declaración.
⚖️Fiscal acusa pide juicio oral para exsenador argentino y su secretaria por presunto contrabando
El fiscal Ysrael Villalba acusó por tentativa de contrabando al exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y a su secretaria Iara Magdalena Guinsel y en consecuencia pidió que la… pic.twitter.com/pSTGe68hLD
— Roberto Pérez (@robertoperezpy) June 5, 2025
La imputación formal se concretó el 5 de diciembre de 2024, cuando el juzgado dictó arresto domiciliario para ambos procesados. Inicialmente cumplieron la medida cautelar en el departamento 103 del edificio Tierra Alta, ubicado en Asunción bajo jurisdicción de la comisaría 6° de la capital. El cumplimiento de esta medida se realizó bajo estricta vigilancia policial debido a la naturaleza del delito investigado.
En enero de 2025, la defensa técnica ejercida por los abogados Marcelo Bogado y Carlos Girett solicitó el cambio de domicilio para el cumplimiento del arresto. Esta petición se fundamentó en la notificación del 9 de enero sobre la intención de rescisión anticipada del contrato de locación por parte del consorcio de propietarios del edificio. La medida evidenció las complicaciones administrativas derivadas de la situación judicial de los imputados.
A partir del 14 de enero de 2025, ambos procesados se trasladaron a un nuevo inmueble con numeración 2614 B, ubicado sobre la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, en el barrio San Vicente de Asunción. El establecimiento cuenta con dos accesos que permanecen bajo vigilancia de la Policía Nacional, específicamente personal de la comisaría 14° Asunción. Esta nueva ubicación permite el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada por el tribunal.
Según consta en el acta del procedimiento, el dinero no declarado se encontraba en la parte trasera del vehículo, dentro de una mochila que transportaban los imputados. La verificación del rodado por parte de los funcionarios intervinientes reveló la existencia de estas divisas extranjeras que no contaban con la documentación requerida para su ingreso legal al territorio paraguayo. El procedimiento se realizó aproximadamente a las 1:30 horas del 4 de diciembre.
El fiscal acusador fundamentó su solicitud de juicio oral considerando que tanto Kueider como Guinsel transportaban efectivo en territorio aduanero sin cumplir las normativas legales establecidas. La acusación establece que ambos procesados no contaban con documentación que acredite la introducción legal de las divisas a Paraguay. El análisis del representante del Ministerio Público determinó que la conducta constituye una acción antijurídica sin causa de justificación.
La evaluación fiscal también estableció que ambos imputados actuaron en pleno uso de sus facultades mentales al momento de cometer el presunto hecho punible. Esta determinación resulta fundamental para la configuración del delito de contrabando, ya que requiere la existencia de dolo en la acción de evadir los controles aduaneros establecidos. El caso representa uno de los más significativos en materia de delitos económicos transfronterizos en la región.
Unite a nuestro canal de Facebook
El exsenador Kueider perdió su fuero parlamentario tras la detención en territorio paraguayo, lo que permitió el avance del proceso judicial sin restricciones institucionales. La pérdida de inmunidad parlamentaria facilitó las acciones investigativas y el dictado de medidas cautelares por parte del sistema judicial paraguayo. Esta situación evidencia las consecuencias políticas inmediatas del proceso penal en curso.
La solicitud de juicio oral marca el inicio de la etapa definitiva del proceso penal, donde se determinará la responsabilidad de ambos imputados en el delito de contrabando. El juez penal de garantías Humberto Otazú deberá evaluar los elementos probatorios presentados por la fiscalía para decidir la elevación a juicio. El caso establecerá precedentes importantes en materia de control fronterizo y delitos económicos en la justicia paraguaya.
Fuente: ABC Color
