Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público se registra que en 2024 se contabilizaron 31 mujeres víctimas de feminicidio y 52 casos de tentativa de feminicidio en Paraguay. Este año, hasta abril, se registraron siete feminicidios, al que se sumó el terrible caso de Fernanda Benítez de 17 años, encontrada muerta el pasado 31 de mayo tras estar varios días desaparecida en Coronel Oviedo. Estas cifras alarmantes evidencian la persistencia de la violencia de género como un problema estructural que requiere atención urgente del Estado y la sociedad.
Desde el Ministerio de la Mujer recordaron que de acuerdo al artículo 6º de la Ley N° 5777/16 De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia, existen 15 formas específicas de violencia contra la mujer reconocidas legalmente. La Ley Nº 5777/16 no solo establece sanciones penales correspondientes, sino que también promueve la sensibilización, prevención y atención integral a la violencia contra la mujer en todos los ámbitos de la sociedad paraguaya.
La violencia feminicida constituye la forma más extrema, definida como la acción que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa o intenta causar la muerte de la mujer motivada por su condición de tal, tanto en el ámbito público como privado. En el Código Penal paraguayo, el feminicidio se tipifica como un delito específico con penas que van de 10 a 30 años de prisión. La violencia física se refiere a cualquier acción empleada contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño en su salud o riesgo de producirlo, incluyendo cualquier forma de maltrato que afecte su integridad física.
La violencia psicológica abarca actos de desvalorización, humillación, intimidación, coacción, presión, hostigamiento, persecución, amenazas, control y vigilancia del comportamiento, así como el aislamiento impuesto a la mujer. La violencia sexual implica la vulneración del derecho de la mujer de decidir libremente acerca de su vida sexual, a través de cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación que limite su autonomía corporal y sexual.
Violencias en ámbitos específicos y derechos vulnerados
La violencia contra los derechos reproductivos impide, limita o vulnera el derecho de la mujer a decidir libremente el número de hijos, recibir información y atención integral durante el embarazo, ejercer una maternidad segura o elegir métodos anticonceptivos seguros. La violencia patrimonial y económica produce daño en bienes, valores, recursos o ingresos económicos propios de la mujer, incluyendo negar o impedir actividades laborales fuera del hogar.
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La violencia laboral se manifiesta como maltrato o discriminación en el ámbito del trabajo a través de descalificaciones humillantes, amenazas de despido, despido durante el embarazo, alusiones indebidas a la vida privada, imposición de tareas ajenas a sus funciones, servicios fuera de horarios pactados, negación de permisos o licencias, aislamiento social discriminatorio y requisitos que menoscaben su condición laboral relacionados con estado civil, familiar, edad y apariencia física.
La violencia política busca retardar, obstaculizar o impedir que la mujer participe de la vida política y ejerza sus derechos ciudadanos. La violencia intrafamiliar es ejercida en el ámbito familiar por miembros del grupo familiar, incluyendo parientes por consanguinidad o afinidad, cónyuge, conviviente o pareja sentimental, abarcando relaciones vigentes o finalizadas. La violencia obstétrica constituye conducta ejercida por personal de salud sobre el cuerpo y procesos fisiológicos de las mujeres durante embarazo, gestación y parto.
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La violencia mediática se ejerce por medios de comunicación mediante publicaciones que promuevan cosificación, sumisión o explotación de mujeres o presenten la violencia como conducta aceptable. La violencia telemática difunde mensajes, fotografías, audios o videos que afecten la dignidad o intimidad femenina a través de tecnologías de información y comunicación. La violencia institucional incluye actos u omisiones de funcionarios que retarden o impidan el acceso a servicios o brinden trato discriminatorio.
La violencia contra la dignidad comprende expresiones verbales o escritas de ofensa o insulto que desacreditan, descalifican, desvalorizan o degradan a las mujeres, así como mensajes públicos de autoridades o particulares que justifiquen o promuevan la violencia hacia las mujeres o su discriminación en cualquier ámbito social, laboral, político o familiar.
El Ministerio de la Mujer anunció que a través de la Dirección General contra Toda Forma de Violencia del Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres reactiva el Grupo de Apoyo para Mujeres en situación de Violencia. Este grupo tiene como objetivo establecer redes de apoyo, comprensión y sororidad entre mujeres que fueron víctimas de violencia y acudieron al Servicio de Atención a la Mujer, proporcionando contención emocional y acompañamiento en el proceso de recuperación y empoderamiento de las sobrevivientes.
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La clasificación exhaustiva de estas 15 formas de violencia en la legislación paraguaya representa un avance significativo en el reconocimiento de la complejidad del fenómeno de la violencia de género. Sin embargo, las estadísticas alarmantes de feminicidios y tentativas demuestran que la tipificación legal debe complementarse con políticas públicas efectivas de prevención, protección y sanción que aborden las causas estructurales de la violencia machista.
La implementación efectiva de la Ley 5777/16 requiere coordinación interinstitucional, capacitación permanente de funcionarios públicos, fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y protección, así como campañas de sensibilización social que promuevan cambios culturales profundos hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en todos los espacios de la sociedad paraguaya.
Fuente: ABC Color
