Estación Shell clausurada por contaminación de agua

El Ministerio Público imputó al empresario Elso Ramón Zárate Galeano, presidente del Grupo Zagal S.A., por presunta violación de la Ley N.º 716/96 que sanciona delitos contra el medio ambiente y por ensuciamiento de aguas en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

El fiscal Orlando David Quintana, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 1 de Alto Paraná, lidera la investigación iniciada tras la denuncia de contaminación con hidrocarburos en pozos de agua domiciliarios. La contaminación fue atribuida a pérdidas en los tanques subterráneos de una estación de servicios con emblema Shell operada por la empresa del imputado.

El 13 de febrero del corriente año se constató la presencia de combustible en dos pozos de agua de viviendas colindantes al surtidor. Estos pozos comparten la misma fuente subterránea, lo que evidenció el alcance de la contaminación y el riesgo para la salud de los vecinos del sector. La situación generó alarma entre los residentes que dependen de estos pozos para el suministro de agua potable.

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Durante la verificación, la Fiscalía detectó severas irregularidades en el plan de gestión ambiental presentado por la firma ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). El documento reconocía únicamente dos tanques de 20.000 litros, cuando en el sitio fueron hallados cuatro tanques de 10.000 litros y uno de 20.000 litros en funcionamiento.

Adicionalmente, se encontraron cinco tanques más fuera de funcionamiento que no habían sido retirados del lugar. La empresa tampoco había instalado pozos de monitoreo ni cumplía con el mantenimiento adecuado de canaletas para derrames, medidas obligatorias para prevenir daños ambientales según la normativa vigente.

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Ante este escenario, la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para Zárate Galeano. El empresario deberá presentar una caución de 300 millones de guaraníes, registrarse periódicamente ante el Juzgado, abstenerse de salir del país y no cometer nuevos hechos punibles. Como medida cautelar real se ordenó la clausura de la estación de servicios y la prohibición de realizar modificaciones en el sitio hasta la aprobación de un nuevo plan de contingencia ambiental.

Fuente: PDS Judicial