El Juzgado Penal de Garantías de Limpio emitió una resolución declarando rebelde y ordenando la captura nacional de Carlos Alberto Giménez Barreto, de 46 años, imputado por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación. La causa penal fue registrada bajo el expediente 3942/2024 y tiene como contexto presuntos abusos cometidos en una academia de taekwondo.
Imputado no se presentó a audiencia judicial
El acusado no compareció a la audiencia de imposición de medidas prevista para el 18 de junio de 2025, a pesar de haber sido debidamente notificado por las autoridades judiciales. Ante esta situación, el tribunal presidido por el juez penal de garantías procedió a declarar su rebeldía procesal y suspender el curso del proceso conforme a los artículos 82, 83 y 104 del Código Procesal Penal.
La resolución judicial instruye comunicar la orden de captura nacional a la comisaría jurisdiccional correspondiente y remitir al detenido ante el juzgado competente una vez sea ubicado. Asimismo, se notificará a la Corte Suprema de Justicia y se mantendrá suspendido el procedimiento hasta que el imputado comparezca ante la justicia.
Denuncia pública alerta sobre peligrosidad del acusado
En paralelo a la actuación judicial, se divulgó en redes sociales una denuncia pública que alerta a la ciudadanía sobre la peligrosidad del acusado. Según esta información, Carlos Giménez habría abusado presuntamente de niños y niñas bajo su cuidado en una academia de artes marciales, específicamente en el Jiménez Training Center y otra academia vinculada a deportes de combate.

El texto de la denuncia pública indica que la acusación formal ya fue presentada ante la Fiscalía, pero que el procesado continuaba teniendo contacto con menores de edad. Esta circunstancia motivó la publicación en redes sociales como medida preventiva para proteger a otros posibles menores en situación de riesgo.
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Carlos Giménez Barreto figura como instructor de taekwondo, comerciante y fotógrafo en su declaración de identidad oficial. Nació el 25 de octubre de 1978 y reside en el barrio Ykua Cristal, en la ciudad de Limpio. Su actividad profesional lo mantenía en contacto directo con menores de edad a través de la enseñanza de artes marciales.
La gravedad de los cargos formulados y el contexto de vulnerabilidad de las presuntas víctimas plantea la necesidad de intervención de instituciones estatales, especialmente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. El caso pone en evidencia la importancia de contar con registros de agresores sexuales y protocolos preventivos en espacios de formación deportiva para niñas, niños y adolescentes, así como la implementación de mecanismos de control y supervisión en academias deportivas que trabajan con población menor de edad.
Por RDN