Luego de que el juez de Ejecución especializado en Crimen Organizado, Carlos Mendoza, intimara a Carlos María Soler Cano y a Enrique Gómez de la Fuente a presentarse en un plazo de 24 horas ante el juzgado, una comisaría o penitenciaría para cumplir sus respectivas condenas, el exdiputado cumplió la orden y ya se encuentra en prisión.
Carlos Soler se entregó en la tarde del jueves 3 de julio en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y, tras las diligencias de rigor, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde deberá cumplir una condena de 4 años de cárcel por delitos vinculados a corrupción pública.
La orden de captura contra Soler se ejecutó después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Garay, rechazara el recurso de casación planteado por su defensa, dejando firme la sentencia desde el 24 de julio de 2024.
Soler fue condenado por cohecho pasivo agravado, tráfico de influencias y extorsión, tras un proceso que lo vinculó al cobro de sobornos para favorecer la titulación de tierras del Indert en el Chaco. El otro condenado en la misma causa, el exdirector regional del Indert, Enrique Gómez de la Fuente, presentó apelación contra la orden judicial y, por ahora, sigue sin cumplir su pena de 3 años y medio de prisión.
Según la sentencia definitiva Nº 257 del 8 de julio de 2022, ambos acusados solicitaron un total de 125.000 dólares al estanciero Albino Méndez para anular una revocación de adjudicación y titular tierras de aproximadamente 3.900 hectáreas a nombre de sus hijos.
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Durante el juicio oral, el fiscal Leonardi Guerrero demostró que Soler recibió dos cheques del denunciante, uno por G. 100 millones y otro por G. 60 millones, que posteriormente fueron entregados a Gómez para ser cobrados. Méndez aseguró que si no pagaba la coima, perdería las tierras que ya había abonado por valor de G. 500 millones.
La causa se originó en octubre de 2019, cuando Méndez denunció el pedido de coimas para asegurar la titulación de los inmuebles en el departamento de Boquerón. El tribunal de sentencia, presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Yolanda Morel, consideró que los hechos fueron probados “sin duda alguna”.
Fuente: ABC Color
