El Juzgado Penal de Garantías del Cuarto Turno de Guairá resolvió elevar a juicio oral la causa contra Juan Ignacio Marcilio, representante de Dyn Ingeniería S.A., filial paraguaya de Bitfarms. Está acusado por el hecho punible de contaminación del aire en su modalidad de polución sonora.
La resolución fue emitida el 4 de julio y notificada a las partes el lunes 8. El juez interino Juan Antonio Ruiz Díaz Gamba calificó la conducta del procesado con base en el artículo 198 del Código Penal, y en normas específicas sobre contaminación acústica, tanto nacionales como municipales.
El caso se originó por denuncias vecinales en el barrio Santa Lucía de Villarrica y una investigación periodística que expuso el ruido excesivo generado por una planta de minería de criptomonedas. La instalación se encuentra a metros de viviendas donde residen personas vulnerables.
La planta opera con más de 16.000 procesadores de alto rendimiento. De acuerdo con datos de la ANDE, entre julio y diciembre de 2024 consumió más de 201 millones de kWh, equivalentes al uso anual de más de 47.000 hogares, lo que dimensiona su escala operativa.
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Durante el proceso, la defensa de Marcilio intentó frenar el juicio mediante pedidos de sobreseimiento y exclusión de pruebas. También invocó el criterio de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento, figuras que fueron rechazadas por el juez.
Sí se aceptaron algunas exclusiones de informes técnicos y declaraciones, por incumplimientos formales. Sin embargo, el juzgado admitió las pruebas ofrecidas por ambas partes y ordenó la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia.
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La fiscal María Jadiyi Ortiz, junto al acusado y sus defensores, fue intimada a comparecer ante dicho tribunal en un plazo de cinco días. El juicio será el primero en Paraguay en abordar la responsabilidad penal por impactos ambientales de una criptogranja.
Según el Ministerio Público, la planta funcionó sin control adecuado y causó afectaciones comprobadas a la salud y bienestar de los vecinos. La comunidad de Santa Lucía calificó la decisión como un avance en la defensa de derechos ambientales.
Fuente: PDS Digital
