En Villarrica, un grupo de vecinos del barrio Santa Lucía vivió una pesadilla de casi seis meses debido al ruido constante de una criptogranja de bitcoin. Lo que para Irene Brizuela comenzó como el zumbido de abejas en la medianoche de junio de 2024, se convirtió en una fuente de angustia y problemas de salud mental para su familia y toda la comunidad. La situación alcanzó tal magnitud que para su hijo, un niño dentro del espectro autista no verbal, el sonido fue el detonante de una crisis.
La criptominera en cuestión, identificada como Dyn Ingeniería S.A., subsidiaria de la empresa canadiense Bitfarms, opera a solo doscientos metros de la vivienda de Irene. La actividad de esta granja, que alberga aproximadamente dieciséis mil doscientos procesadores de bitcoin, generó un ruido continuo comparable al de un semirremolque en marcha las veinticuatro horas del día, según testimonios de vecinos como el contador José Luis Figueredo, quien se vio obligado a recurrir a medicamentos para conciliar el sueño.
El costo sonoro del paraíso energético
La granja de Bitfarms, ubicada en la compañía Cañada San Juan del barrio Santa Lucía, consume una cantidad masiva de electricidad.
Ocupa cinco hectáreas con cinco tinglados que albergan aproximadamente 16,200 procesadores operando continuamente para generar criptomonedas. El consumo eléctrico de la instalación alcanzó 201,889,600 kilovatios hora entre julio y diciembre de 2024, equivalente al consumo anual de 47,464 familias paraguayas según datos de la Administración Nacional de Electricidad.
El sistema de refrigeración necesario para prevenir el sobrecalentamiento de los equipos incluye 14,400 máquinas con ventiladores y extractores, además de 1,800 unidades con refrigeración líquida. Este sistema de enfriamiento genera el ruido constante que afectó a la comunidad circundante durante los meses de operación sin restricciones acústicas.
Leé también: Villarrica es el nuevo paraíso para los criptomineros, según BBC
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 70 decibeles de exposición, y para el descanso, el sonido ambiente debe ser inferior a los 40 decibeles. Sin embargo, mediciones realizadas en julio de 2024 por el departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de Villarrica arrojaron niveles de 75 decibeles a cien metros de la granja, superando los límites permitidos incluso por la ordenanza local, que establece un máximo de 70 decibeles de día y 55 de noche en zonas urbanas.
Impacto en la salud mental y resistencia ciudadana
La exposición prolongada a este ruido constante ha tenido graves repercusiones en la salud de los pobladores. La psicóloga e investigadora Maureen Montanía explica que vivir en constante estrés por el ruido puede causar mayor ansiedad, depresión y falta de sueño. En el caso de personas dentro del espectro autista, la situación se agrava debido a su hipersensibilidad a los sonidos. Testimonios como el de Luz Aranda, psicóloga y directora del departamento de Salud Mental del Hospital Regional de Villarrica, que compara su experiencia con una “tortura”, evidencian el profundo sufrimiento causado. Estudios internacionales, como el metaanálisis “Association between Noise Annoyance and Mental Health Outcomes” de 2022, confirman que la exposición al ruido aumenta significativamente el riesgo de ansiedad y problemas de salud mental.

Los vecinos de Santa Lucía, organizados en la comisión vecinal Trompo Arasá, liderada por Héctor Pereira, no se rindieron a pesar de los obstáculos. Presentaron denuncias ante la municipalidad de Villarrica y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades). A pesar de que las mediciones iniciales confirmaron los niveles excesivos de ruido, hubo irregularidades y dilaciones en el proceso administrativo, e incluso Bitfarms patrocinó eventos municipales, lo que generó indignación entre los denunciantes. Ante la falta de respuesta efectiva, los vecinos recurrieron a la Policía Nacional y la Fiscalía.
Irregularidades en permisos y acciones legales
La investigación reveló que tanto la municipalidad de Villarrica como el Mades incurrieron en irregularidades que permitieron a Bitfarms operar en una zona residencial. El Mades, por ejemplo, omitió en la concesión de la licencia ambiental que la criptogranja se instalaría en un vecindario con casas a menos de cincuenta metros. Además, una de las granjas de Bitfarms operó sin el permiso ambiental del Mades durante al menos tres años.
Unite a nuestro canal de Facebook
Finalmente, el 14 de noviembre de 2024, el entonces fiscal del Ambiente, Erico Ávalos, imputó por emisión de ruidos dañinos a Juan Ignacio Marcilio, representante de la planta de Bitfarms, basándose en el Acta 31 de la primera intervención municipal. El Código Penal paraguayo establece penas de hasta diez años de cárcel por la emisión de ruidos capaces de dañar la salud. Los vecinos de Santa Lucía reportaron una disminución del zumbido a finales de noviembre, coincidiendo con la imputación. Sin embargo, el juez de Faltas, Luis Leiva, sobreseyó al representante de Bitfarms basándose en mediciones posteriores, una decisión que fue posteriormente anulada por el intendente Magín Benítez en abril de este año por irregularidades en el sumario.
La postura de Bitfarms y la búsqueda de justicia
Bitfarms, por su parte, ha emitido un comunicado oficial en el que asegura haber trabajado “estrechamente con la municipalidad de Villarrica y la comunidad local para resolver este tema”, afirmando que “opera en pleno cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios”. Sin embargo, la empresa se negó a una entrevista y a permitir el ingreso a sus instalaciones para conocer las adecuaciones acústicas.
La fiscala ambiental Jadiyi Ortiz ahora está a cargo de la investigación penal. Ha realizado evaluaciones psicológicas a los vecinos para determinar las secuelas del ruido y el 13 de mayo presentó la acusación formal contra Marcilio, solicitando elevar la causa a juicio. Los pobladores de Santa Lucía esperan que las instituciones sancionen a los responsables y que se concrete un resarcimiento a las víctimas. No obstante, para muchos el daño ya está hecho, como expresó Juan Enriquez: “La ira la tengo todavía. Eso no se va a curar de un día para el otro. El daño está hecho. Los meses de tortura, los que no podíamos dormir, ¿quién nos devuelve?”.
El artículo completo y el testimonio de las víctimas lo podes leer en este enlace.
Fuente: El Surtidor