El presidente Donald Trump volvió a endurecer su postura contra la inmigración ilegal con una polémica decisión: los inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos no podrán solicitar libertad bajo fianza mientras duren sus procesos de deportación. La medida, que afecta potencialmente a millones de personas, fue confirmada por un memorándum interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), revelado por The Washington Post.
Firmado el 8 de julio por Todd M. Lyons, director interino de ICE, el documento instruye que todos los inmigrantes sin autorización legal en el país deberán permanecer bajo custodia mientras se resuelve su situación. El proceso, que en muchos casos puede durar varios años, ahora deberá transcurrir con los afectados encerrados en centros de detención.
La política no distingue entre personas que acaban de cruzar la frontera y quienes llevan décadas viviendo en Estados Unidos. Muchos de ellos tienen hijos ciudadanos estadounidenses y vínculos laborales o comunitarios consolidados. Hasta ahora, era habitual que pudieran solicitar una audiencia de fianza ante un juez, pero eso ya no será posible.
Según el propio Lyons, solo en casos excepcionales se podrá otorgar libertad condicional, y esa decisión recaerá exclusivamente en un oficial de inmigración. La orden se basa en una interpretación ampliada de una ley migratoria que exige detención tras el arresto, pero que históricamente no se aplicaba a quienes llevaban años en el país.
Actualmente, ICE detiene a más de 56.000 personas por día. Con un nuevo paquete presupuestario aprobado por el Congreso, el gobierno de Trump planea duplicar esa capacidad hasta llegar a 100.000 detenidos diarios, con una inversión estimada de 45.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.
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Abogados y organizaciones de derechos humanos anticipan una ola de demandas contra la medida. Argumentan que limitar el acceso a fianza vulnera el derecho a una defensa justa, especialmente si se trata de personas detenidas en zonas remotas, sin acceso regular a abogados ni a sus familias.
Además, la decisión llega en un contexto político en el que la opinión pública parece virar. Según una encuesta de Gallup, solo el 30% de los estadounidenses quiere reducir la inmigración legal, frente al 55% registrado en 2024. Aun así, Trump avanza en su objetivo de deportar a un millón de personas en su primer año de un eventual nuevo mandato.
Fuente: Clarín
