Trump promulga nueva ley contra el cambio climático

El presidente Donald Trump anunció este jueves una reversión de una decisión científica clave de 2009, tomada durante la era Obama. En esa determinación, conocida como “hallazgo de peligro”, científicos habían advertido que varios gases de efecto invernadero representaban una amenaza para la salud pública.

Con el anuncio, la Casa Blanca estableció que los gases de efecto invernadero no son una amenaza para la salud pública. Trump presentó la medida como el fin de una política que, según dijo, fue “desastrosa” en la era Obama.

¿Qué cambia con el fin del “hallazgo de peligro”?

El “hallazgo de peligro” funcionó como sustento legal para límites a emisiones de dióxido de carbono, metano y otros cuatro gases. Según científicos citados en el material, esos gases alimentan olas de calor, sequías, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Al eliminar esa base, el gobierno buscará quitar límites de emisiones para autos, centrales eléctricas y otras industrias. Esos sectores concentran la mayor parte de la contaminación que calienta el planeta, según el contenido entregado.

En la Casa Blanca, Trump afirmó: “Esto es lo más grande que se puede hacer”. Además, sostuvo que “oficialmente ponemos fin” al “hallazgo de peligro”.

La EPA y el argumento de la “mayor desregulación”

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, acompañó el anuncio. Trump calificó la norma previa como una “regla radical”. También la vinculó con lo que llama el “Nuevo Escándalo Verde”, etiqueta que usa para iniciativas de control de emisiones o impulso de energías renovables.

Zeldin definió la decisión como “la mayor acción desreguladora en la historia de Estados Unidos”. Según el gobierno, el cambio ahorraría a fabricantes de autos y otras empresas un estimado de US$ 1.000 millones. Además, la Casa Blanca sostuvo que bajaría el precio de los automóviles. El argumento oficial habla de reducir costos para fabricantes en US$ 2.400 por vehículo.

La exabogada de la EPA y del Departamento de Justicia, Meghan Greenfield, explicó a la BBC que la determinación de 2009 fue una pieza central. “Ha servido realmente como la pieza clave de la regulación estadounidense”, señaló.

Según su explicación, la base alcanzó a vehículos. También abarcó plantas eléctricas. Incluyó al sector de petróleo y gas. Además, contempló metano de vertederos y hasta aviones, siempre según lo citado.

Ecologistas anticipan demandas y cuestionan los “ahorros”

Grupos ecologistas afirman que se trata de la reversión climática más significativa intentada hasta ahora. Por eso, buscan impugnarla en tribunales.

Desde el Environmental Defense Fund, Peter Zalzal cuestionó los posibles ahorros. Afirmó que la medida obligaría a gastar más dinero en combustible. Habló de “alrededor de 1.400 millones de dólares” adicionales. También sostuvo que podría provocar “hasta 58.000 muertes prematuras adicionales” y “37 millones de ataques de asma más”.

Gobernadores demócratas anunciaron acciones legales. El gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que demandará si la decisión avanza. “Si esta decisión temeraria sobrevive”, dijo, habría más amenazas climáticas para comunidades. En la misma línea, Manish Bapna, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, afirmó: “Los veremos en los tribunales y ganaremos”.

Fuente: Clarín