Juez de Paz Alejandro Peña. El Observador.
La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes apartar al juez Alejandro Peña Yegros del segundo turno del Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, en Asunción. Su lugar será ocupado por el magistrado Alejandro Manuel Delvalle Casola, quien asume tras denuncias que comprometen seriamente la conducta del removido funcionario judicial.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos a Peña por presuntas irregularidades en el tratamiento de casos de violencia familiar. Uno de los episodios más graves ocurrió el fin de semana del 5 de julio, cuando el juez retiró personalmente un oficio judicial emitido por una colega que ordenaba la exclusión del hogar de un denunciado.
Según el informe del comisario Osvaldo Aquino Ayala, jefe de la Comisaría 20 Metropolitana, Peña sustituyó el documento original por otro con el mismo número y fecha, pero firmado por él. El objetivo aparente era invalidar la orden de su colega Lourdes Piñeiro, quien sí había intervenido dentro de su turno correspondiente.
El hecho fue interpretado como un intento de encubrir su inasistencia durante su jornada de guardia, una conducta incompatible con la gravedad de los casos que debía atender. El incidente ya había sido objeto de una denuncia ante la propia Corte Suprema, lo que aceleró su separación del cargo.
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Además, un día antes del incidente en la comisaría, Peña no se presentó en la Oficina de Atención a Víctimas, donde aguardaban una adolescente de 16 años y su madre, víctimas de presunta violencia. Ambas esperaron más de tres horas sin recibir asistencia alguna.
La jueza Piñeiro intervino recién al día siguiente, a pedido de la Dirección de Género del Poder Judicial. Su actuación permitió establecer medidas de protección, que no se implementaron oportunamente por la omisión del juez Peña.
El cuestionamiento a la función judicial en Trinidad no se limita a Peña Yegros. La abogada Alejandra Peralta Merlo criticó también la actuación de la jueza Gloria Machuca en el primer turno del mismo juzgado de paz. Machuca avaló la censura previa de un medio de comunicación tras una resolución polémica sobre retuits de presuntos hechos de corrupción.
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Pese a las objeciones por el uso indebido de la Ley 5777 en el conocido caso Chena vs. Gisele Mousques, donde se aplicó erróneamente una medida por violencia familiar para restringir la libertad de expresión, la jueza Gloria Machuca continúa en funciones. Peralta Merlo atribuye su permanencia a la pasividad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, al que responsabiliza por no actuar frente a una evidente desviación en el ejercicio jurisdiccional
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La Corte Suprema apuesta ahora a que la designación de Delvalle Casola restablezca la normalidad en el juzgado y permita una atención diligente y profesional a las víctimas. Sin embargo, para sectores de la sociedad civil, el reto sigue siendo erradicar la impunidad judicial y evitar que los juzgados de paz sean espacios de revictimización.
Fuente: El Observador
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