El interventor municipal de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó esta mañana en todas las denuncias formuladas días atrás en conferencia de prensa, ante una escribana pública enviada por el intendente apartado, Miguel Prieto Vallejos. La presencia notarial fue calificada por Ramírez como una maniobra de amedrentamiento.
La escribana Lizzie Marina Beatriz Cáceres Aguayo se constituyó en el despacho municipal para entregar a Ramírez un acta de intimación. En el documento, se exigía que el interventor se ratificara o rectificara sobre cinco puntos específicos, señalados como falsos por el equipo de defensa del intendente suspendido.
#EstoPasó| El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, se ratificó en todos los puntos relacionados a cantidad de funcionarios municipales (más de G. 2.000), construcción de plazas, uso de combustible, recaudaciones y fondos rotatorios.
A pedido de Miguel Prieto, este… pic.twitter.com/VZRqeohg6q
— Diario La Clave (@diario_LaClave) July 17, 2025
Entre los temas cuestionados se encuentran datos sobre cantidad de funcionarios, ejecución de obras públicas, consumo de combustibles, rendiciones de fondos rotatorios y recaudaciones. Según el interventor, todos los puntos fueron abordados en base a documentos oficiales, y reafirmó cada una de sus afirmaciones.
- Cantidad de funcionarios: Ramírez sostuvo que son más de 2.550 trabajadores, cifra aproximada que ya había citado anteriormente en una rueda de prensa previa.
- Obras públicas: Cuestionó que las plazas inauguradas solo presentan cercados perimetrales sin avances significativos.
- Combustible: Expuso casos de cargas por G. 800.000 para trayectos de apenas 51 km.
- Recaudaciones: Informó un aumento de G. 200 millones en ingresos municipales entre junio y julio respecto al mismo periodo de 2023.
- Fondos rotatorios: Aseguró que el 95% de los gastos de caja chica correspondía a alimentación.
Ramírez señaló que la solicitud notarial no solo representa una intromisión política en su tarea técnica, sino que busca frenar el proceso de intervención mediante presión legal y mediática. Aclaró que continuará con el trabajo encomendado sin retroceder.
Desde el equipo legal de Miguel Prieto, la abogada Gilda Portillo adelantó la presentación de una querella contra Ramírez por difamación y calumnia. A su criterio, las declaraciones vertidas en la conferencia atentan contra la honra del jefe comunal suspendido.
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Portillo aseguró que cuentan con respaldo documental que desmontaría las afirmaciones del interventor. Además, acusó a Ramírez de extralimitarse en sus funciones al emitir opiniones que exceden el análisis técnico de una intervención administrativa.
El conflicto se da en el marco del proceso de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, aprobado por la Cámara de Diputados. Las tensiones entre el equipo del intendente y el interventor continúan escalando, marcando un nuevo capítulo en el enfrentamiento institucional.
Fuente: ABC Color







