Más de 100 familias que adquirieron terrenos en cuatro urbanizaciones de propiedad de Ramón González Daher perderán sus viviendas por el comiso de bienes ejecutado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados. Las familias habían abonado todas las cuotas pero no obtuvieron los títulos de propiedad correspondientes.
El abogado Alberto Manuel Poletti Adorno, representante de la Inmobiliaria Confort que administraba las urbanizaciones, explicó que las propiedades se encuentran en Luque y Capiatá. Algunas familias están asentadas desde hace 15 a 20 años, construyeron sus viviendas y completaron los pagos, pero no accedieron a la escrituración.
La inmobiliaria administraba las propiedades y percibía las cuotas para entregarlas al empresario que actualmente cumple una condena de 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. Tras el comiso de los bienes, las familias presentaron juicios de obligación de escritura pública que fueron rechazados por la justicia.
Poletti indicó que representantes de la inmobiliaria se comunicaron con Senabico, donde les respondieron que no podían intervenir ya que solo administraban los bienes comisados. Los funcionarios señalaron que la decisión del caso correspondía exclusivamente al Poder Judicial, sin ofrecer alternativas para las familias afectadas.
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Ante esta situación, solicitaron intervención en el juicio de ejecución de sentencia contra González Daher ante la jueza Sandra Kirchhofer, pero la magistrada negó la intervención. La decisión dejó a las familias sin mecanismos legales para defender sus derechos sobre las propiedades adquiridas de buena fe.
La defensa presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio que se sustanció oralmente ante la magistrada junto con la fiscalía y la defensa de González Daher. La jueza Kirchhofer debe resolver el recurso, y en caso de rechazo, el expediente irá al Tribunal de Apelación Penal.
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Los representantes legales también solicitaron abrir una cuenta bancaria judicial para depositar los montos de las cuotas que continúan pagando por los terrenos adquiridos, pero esta petición también fue rechazada. La medida buscaba proteger los pagos realizados mientras se resuelve la situación legal de las propiedades.
Poletti remarcó que no obtienen respuestas de las autoridades y que la inmobiliaria asumió prácticamente la representación de las familias afectadas por el comiso. Las familias quedarán sin sus viviendas donde habitan algunos entre 15 y 20 años, siendo víctimas colaterales de las actividades ilícitas del empresario condenado.
Fuente: Última Hora
