La defensa legal de Gianina García Troche, esposa del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, presentó una nota formal a la Embajada de Uruguay en Paraguay para denunciar supuestas violaciones a sus derechos procesales durante su extradición desde España. La solicitud incluye una petición de intervención consular y evaluación de consecuencias diplomáticas contra el Estado paraguayo.
El escrito fue entregado este miércoles por los abogados Osvaldo Arrúa y Luis Samaniego al embajador Eduardo Bouzout Vignoli, argumentando una grave omisión de garantías por parte de la justicia paraguaya. García Troche, actualmente recluida en el sistema penitenciario nacional, es investigada por presunto lavado de dinero en el marco de la operación A Ultranza Py.
Según la denuncia, al momento de su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, la jueza penal de garantías Rosarito Montanía no le informó sobre su derecho a contactar con el consulado uruguayo, tal como exige el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Tampoco se le habría permitido elegir un abogado particular, asignándosele un defensor público de forma automática.
Los abogados indicaron además que la notificación oficial al Consulado de Uruguay se realizó más de 55 días después de la detención de García Troche, lo que calificaron como una violación insubsanable al debido proceso y al derecho internacional. Este retraso, alegan, compromete la legitimidad del proceso judicial en curso.
La nota entregada a la cónsul Cecilia Amparo Lima Pérez detalla tres pedidos concretos: medidas de protección consular, un informe diplomático al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la constancia formal de incumplimiento del derecho consular por parte de Paraguay. La defensa sostiene que estos hechos podrían derivar en consecuencias internacionales.
García Troche es una de las personas vinculadas al caso A Ultranza Py, considerado el mayor operativo contra el narcotráfico y lavado de activos en Paraguay. Su vínculo con Marset, actualmente prófugo, y la supuesta utilización de estructuras financieras para ocultar dinero ilícito, la colocaron en el centro de las investigaciones.
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El equipo legal argumenta que la omisión de informar a la detenida sobre sus derechos consulares afectó su defensa y vulneró tratados internacionales suscritos por Paraguay. Por ello, solicitan que el consulado uruguayo documente el caso y exija responsabilidades.
Hasta el momento, la Cancillería paraguaya no ha emitido ninguna respuesta pública al reclamo. La situación abre un nuevo frente en el complejo entramado judicial y diplomático que rodea a la red delictiva que encabezaría Marset en la región.
Fuente: ABC Color
