El abogado Jorge Rolón Luna propuso la aplicación de una ley de emergencia judicial para suspender los embargos vinculados al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”. Esta estructura operó durante años aprovechando vacíos del sistema judicial para embargar sueldos de miles de personas sin previo aviso.
Aunque el número de nuevos casos ha disminuido, persisten medidas judiciales dictadas años atrás, muchas de ellas sin notificación válida a las víctimas. Rolón Luna, uno de los denunciantes del esquema, advirtió que los operadores de esta red siguen lucrando mediante fallos que nunca fueron revisados.
EL ESQUEMA DE LA MAFIA DE LOS PAGARÉS | Mecanismo aceitado y que durante años robó y estafó a los más necesitados
☝️Días atrás, la Fiscal Teresa Soca se reunió con la Comisión del Senado que investiga la Mafia de los Pagarés.
➡️Dio detalles de sus hallazgos respecto a cómo… pic.twitter.com/FWPa6gPC6O
— MEGA TV (@Megatv_py) July 24, 2025
El abogado cuestionó el criterio adoptado por sectores del Poder Judicial, que sugieren revisar los casos uno a uno. Sostuvo que tal procedimiento es inviable debido al volumen de procesos activos y a la omisión sistemática del derecho a la defensa.
Según registros citados por el letrado, el 90% de las víctimas embargadas nunca fue notificada legalmente. Esta situación impidió que los afectados pudieran oponer excepciones, presentar pruebas o simplemente conocer la existencia de una demanda en su contra.
Ante este contexto, Rolón Luna plantea que se apruebe una legislación excepcional que detenga temporalmente los embargos vigentes. La medida permitiría revisar los procesos desde una perspectiva institucional, garantizando el respeto a las garantías constitucionales.
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El abogado considera que el sistema actual, al no prever respuestas masivas, requiere una solución de carácter político y jurídico. Agregó que no se trata de exonerar responsabilidades, sino de detener el daño mientras se depuran los expedientes y se restablece el control judicial.
Asimismo, calificó de inaceptable que miles de ciudadanos sufran retenciones salariales por una maniobra articulada desde el mismo sistema de justicia. Indicó que el caso trasciende lo civil o comercial, constituyendo una amenaza directa a los derechos humanos.
Finalmente, señaló que la presión ciudadana seguirá activa. Enfatizó que la causa ganó legitimidad gracias a la denuncia pública de las víctimas, que lograron visibilizar una red que operaba bajo protección judicial.
Fuente: ABC Color
