El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, confirmó oficialmente que el intendente Óscar «Nenecho» Rodríguez utilizó fondos provenientes de bonos destinados a obras públicas para el pago de salarios y gastos administrativos. Durante una comunicación con el medio ABC Cardinal, Pereira declaró que los G. 500.000 millones fueron gastados en sueldos, gastos de mantenimiento y gastos corrientes, contraviniendo las disposiciones legales que regulan el uso de fondos de crédito público.
El interventor adelantó que su dictamen no modificará el diagnóstico establecido por la Contraloría General de la República (CGR) y que además demostrará con documentación específica el destino final de los recursos desviados mediante el mecanismo de la “cuenta única”. Pereira enfatizó que, mientras la administración de Rodríguez había explicado genéricamente el uso de “gastos corrientes”, la documentación municipal le permitirá reconstruir la trazabilidad completa, gasto por gasto.
La investigación reveló que la administración municipal violó el artículo 197 de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, que prohíbe expresamente el uso de dinero proveniente de crédito público para gastos corrientes. La CGR confirmó el desvío y solicitó la intervención de la administración de Nenecho. Los documentos oficiales indican que hasta 2035 se deberán pagar USD 230 millones por la emisión de estos bonos, mientras quedan apenas USD 127.000 en las cuentas municipales.
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La administración de Rodríguez mantuvo una planilla de más de 9.119 funcionarios sin ejecutar las obras prometidas con la emisión de bonos, que fueron colocados con intereses cercanos al 20%. Entre enero y abril, Rodríguez gastó USD 30 millones en salarios frente a los USD 5 millones invertidos en obras públicas, evidenciando la priorización del gasto corriente sobre la inversión en infraestructura municipal.
Pereira no descartó la existencia de facturas adulteradas entre la documentación entregada por la administración anterior y solicitó colaboración de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) para verificar la autenticidad de los documentos. El interventor también reveló que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por falsificación de planos en una de las direcciones municipales con mayor capacidad recaudatoria, señalando que analizan presentar más denuncias ante la Fiscalía.
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El interventor caracterizó la situación financiera municipal como crítica, marcada por un “sobreendeudamiento desmedido” y la “infracapitalización financiera”. La Municipalidad enfrenta deudas con vencimientos recurrentes a corto plazo, incluyendo G. 50.000 millones en intereses de bonos vencidos y G. 55.000 millones en préstamos de corto plazo. Pereira advirtió sobre la amenaza real de demandas internacionales de bonistas que reclaman el pago de tres cuotas de intereses vencidas, lo que podría afectar la imagen del país en el exterior.
Fuente: ABC Color
